Page traslada a Sánchez su oposición al concierto catalán y confía en que el acuerdo no llegue al Congreso

Pablo Medina MADRID / LA VOZ

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Montero asegura que Cataluña empezará a recaudar el IRPF en el 2025

05 oct 2024 . Actualizado a las 09:03 h.

«Ni siquiera como documento de estudio». El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no quiere saber nada de una financiación singular para Cataluña. Así se lo hizo saber este viernes a Pedro Sánchez en el marco de las reuniones que el líder del Ejecutivo mantiene con los presidentes autonómicos en la que también insistió en que el pacto alcanzado entre el PSC y ERC para la fiscalidad particular catalana «contraviene los principios más fundamentales de la equidad y la igualdad».

Fue otro gesto más en el desencuentro de ambos presidentes. García-Page ya venía de no avalar a Sánchez como secretario general del PSOE para el congreso del partido de noviembre y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía junto al PP. Pero este viernes tocaba hablar de cuentas, y el jefe del Ejecutivo manchego le confirmó al líder de los socialistas su postura contraria a la fiscalidad pactada para Cataluña con ERC porque «la economía no se puede trocear en 17, como no tiene que haber 17 mercados o políticas fiscales» y que los únicos modelos singulares que tienen cabida en España son los consagrados en la Constitución: País Vasco y Navarra.

El presidente de Castilla-La Mancha agregó, además, que la financiación autonómica no debe negociarse en mesas particulares y volvió a señalar que es necesaria la multilateralidad. O lo que es lo mismo, pactar con todas las autonomías indistintamente del partido que las gobierne. Por ello, planteó la necesidad de una ley de armonización fiscal que esquive las demandas de los socios nacionalistas e independentistas de Sánchez escudándose en el esfuerzo común. «La riqueza de España es de todos, es nacional. Castilla-La Mancha se opondrá siempre a que la riqueza, en vez de pasar a analizarla y distribuirla entre todos, se empiece a dividir o computar por territorios. Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellano-manchegos; la riqueza de Cataluña no es de los catalanes, es de todos», aseguró tras la reunión.

Unidad con el Partido Popular

García Page, entiende la socialdemocracia de manera distinta al jefe del partido, y quiso sacar a relucir que una «justa redistribución de la riqueza» semejante a la que pretendía Sánchez en coalición con Sumar cuando aprobaron la subida de impuestos a las grandes fortunas también tiene que aplicarse «sobre los territorios», porque «nunca la igualdad de España» estuvo tan ligada «a la unidad» de la misma. Otro dardo que dispara contra los socios independentistas del Gobierno en la línea de los días recientes, en los que también cargó contra el pacto alcanzado por su partido y EH Bildu para derogar la Ley Mordaza a cambio del apoyo de la formación vasca a los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. «Si se quitaran la mordaza y pidieran perdón sería suficiente», remarcó el presidente manchego hace dos días para evaluar el trato.

En los mismos postulados se situaron los presidentes Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Fernando López Miras (Región de Murcia), ambos del PP, que también pusieron de relieve la importancia de encontrar medidas transitivas mientras se resuelve la cuestión del modelo de financiación autonómica. López Miras, cabeza de la comunidad más infrafinanciada desde el 2009, pidió 2.340 millones de euros para nivelar la situación de su territorio con el resto y se abrió a debatir la condonación de la deuda murciana, pero a diferencia del «cupo separatista», tendría que hacerse de forma multilateral. «Podemos acordar una condonación de la deuda y al día siguiente vamos a seguir con menos recursos que el resto de españoles», aseveró tras el encuentro.

Por su parte, Mazón atropelló en cierta manera a su colega murciano y aseguró que su comunidad también es «la peor financiada» y que debería condonarse la deuda de la Generalitat, que asciende a 60.000 millones de euros y al 40 % de su PIB para además pedir también un fondo de transición de 1.700 millones de euros anuales. Aunque lo dejó en manos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la futura Conferencia de Presidentes. Sobre el cupo catalán, aseveró que «no es una oportunidad, como defiende el presidente del Gobierno, sino lo contrario. Por ese camino, esto se rompe».

Primeros arranques

La oposición de los tres jefes territoriales llegó a la par que el anuncio de la ministra de Hacienda y vicepresidenta tercera, María Jesús Montero, de que Cataluña ya empezará a recaudar el IRPF en el ejercicio del 2025 , ya que «el compromiso» de hacer valer el acuerdo entre PSC y ERC «es firme», ya que «ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación». Un anuncio que viene a aplacar la ira de los republicanos, que amenazaban con no apoyar las cuentas del Estado para el año que viene si no se trasladaban a la Generalitat «todos los impuestos».

El Gobierno jugará ahora a equilibrar los ánimos para no decepcionar a los socios catalanes —aunque Junts sigue sin darles apoyo— ni crear un caos territorial por desfavorecer a las autonomías, sobre todo a las del PP.