La Audiencia de Madrid decidió que el juez Peinado asumiera también la presunta apropiación de un «software» de la Universidad Complutense
01 oct 2024 . Actualizado a las 09:48 h.La Audiencia Provincial de Madrid se enfrenta a tres posibles escenarios. Que se cierre completamente la investigación, que se avale toda la instrucción o que se acote la investigación a alguno de los asuntos que se investigan en el juzgado. La Audiencia de Madrid ya delimitó en su día la parte de la instrucción que hacía referencia a los contratos millonarios adjudicados por diferentes empresas públicas dependientes del Gobierno a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés, quien pasó de ser testigo a investigado tras declarar que se reunió varias veces a la Moncloa para abordar con Gómez asuntos sobre el máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La Fiscalía Europea decidió hacerse cargo de una parte de la investigación al verse afectados en esos contratos fondos de la Unión Europea.
El juez Peinado investiga el posible tráfico de influencias en la concesión de una cátedra por parte de la Universidad Complutense a Begoña Gómez sobre Transformación digital a pesar de no ser licenciada. También se investiga cómo consiguió Gómez financiación para la cátedra por parte de Reale Seguros y Fundación La Caixa. Se trata de dilucidar si pusieron dinero porque estaba codirigida por la esposa del jefe del Gobierno.
Se investigan además otras concesiones públicas que recibió su compañero de máster Juan Carlos Barrabés gracias, presuntamente, a las cartas de recomendación firmadas por la propia mujer de Sánchez a los responsables del concurso público.
Denuncia sobre Globalia
Un informe de la Guardia Civil no vio indicios de delito en la denuncia de Manos Limpias sobre las supuestas gestiones de Gómez con la empresa Globalia y el posterior rescate de Air Europa por parte del Gobierno, pero el juez sigue investigándolo. Hay otra parte de la investigación, relativa a los registros que se efectuaron en el domicilio y los despachos de Barrabés, que está declarada secreta.
La semana pasada, en respuesta a otro recurso del fiscal del caso, la Audiencia madrileña dio luz verde al juez Peinado para que asumiese una nueva querella de Hazte Oír, en la que se denunciaba la presunta apropiación indebida por parte de Begoña Gómez de un software que las empresas Google, Indra y Telefónica desarrollaron para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía. Las tres empresas explicaron que los trabajos tuvieron un coste de al menos 150.000 euros, pero ni Gómez ni la Complutense les abonaron nada. Esa parte de la investigación seguirá por tanto en manos de Peinado, al margen de lo que decida la Audiencia en su nueva reunión.