El presidente saliente de México, muy criticado por su polémica reforma judicial
28 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Andrés Manuel López Obrador despedirá la próxima semana su presidencia habiendo conseguido la aprobación en el Congreso de su ambiciosa y polémica reforma judicial, muy criticada por la oposición y buena parte del mundo de las leyes del país norteamericano, que alertan de afectaciones clave a la división de poderes.
El presidente saliente, que el martes dejará el testigo a su correligionaria Claudia Sheinbaum, ha sido durante décadas muy crítico con el sistema de justicia mexicano. Asegura que es corrupto, está alejado del pueblo y responde a los intereses políticos de los grupos de poder y de la oposición.
Su reforma tiene un punto clave: la elección en votación popular de casi 7.000 jueces del país, incluido el Supremo, un modelo que no tiene igual en todo el mundo y solo se asemeja al de Bolivia, donde solo se renueva una porción de la judicatura y la mayoría asegura que los jueces son partidarios de los políticos de turno.
Los críticos de la reforma en México también alertan, precisamente, sobre la politización de la Justicia. Aseguran que la judicatura se llenará, en un futuro cercano, de partidarios del partido presidencial, después de que Morena, la formación de López Obrador, se impusiese con una abrumadora mayoría en las elecciones de junio.
«Esta es una reforma que apunta hacia una erosión democrática y trastoca los frenos y contrapesos al poder Ejecutivo. Debilita, por un lado, la independencia judicial, tanto interna como externa, al colocar un incentivo electoral en la función jurisdiccional. Por el otro, supone una captura del Poder Judicial y una purga del mismo porque destituye de su cargo a aproximadamente 1.700 jueces y magistrados federales y a miles de funcionarios locales», señala a La Voz de Galicia Josafat Cortez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Un error histórico»
«Es un error histórico», asegura, por su parte, Juan Jesús Tito García Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). «La reforma concentra el poder y desarticula el trabajo sistemático que se ha venido construyendo para la edificación de la carrera judicial durante los últimos 30 años. Las personas que van a llegar van a tener intereses más de corte político que jurídico», añade el experto. «Los jueces van a tener que hacer campaña y van a tener que acercarse a grupos con poder de movilización, que tengan recursos, sobre todo en términos de cercanía a la gente. El partido mayoritario va a querer, sin ninguna duda, ponerle su sello a la elección con jueces cercanos a sus ideas», reflexiona García Onofre.
El actual sistema de elección de jueces en México tiene en cuenta la meritocracia y las decisiones se toman con influencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A partir de ahora, los requisitos serán tener más de 35 o 30 años, dependiendo del cargo, una carrera referente a leyes con cinco años de antigüedad y experiencia de cinco años en algún cargo relacionado.
«Esta reforma no resuelve ni resolverá los problemas del sistema de Justicia en México. Los problemas más graves se encuentran en las fiscalías, los ministerios públicos, las policías y en la justicia local o cotidiana que es donde se resuelven el 86 % de los asuntos», asegura Claudia Aguilar Barroso, líder de la firma mexicana Aguilar Barroso Abogados. Podría incluso acentuar algunas problemáticas, creen los expertos, como la infiltración del crimen organizado, que tiene un poder clave de influencia electoral en parte importante de las regiones del país.
La supermayoría de Morena habilita al futuro Gobierno de Sheinbaum, que apoyó los cambios en la Justicia, a realizar nuevas reformas en la Constitución durante los próximos meses.