Junts condiciona su apoyo a Sánchez a que la Fiscalía actúe contra el Supremo
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El partido pondrá el tema sobre la mesa en una reunión en Suiza con el PSOE
03 sep 2024 . Actualizado a las 21:45 h.Los independentistas catalanes están convencidos de que el Gobierno podría hacer más para defender una ley de amnistía que, por el momento, no está cumpliendo con lo que en su día pactaron con Pedro Sánchez: el perdón para Carles Puigdemont y el resto de los líderes del procés. El secretario general de Junts, Jordi Turull, dio este martes un paso más en sus advertencias al Ejecutivo y le instó a «actuar y rebelarse» si pretende seguir contando con el apoyo de los separatistas en el Congreso de los Diputados. En concreto, el número dos de la formación que lidera el expresidente de la Generalitat desde Waterloo sugirió que la Fiscalía del Estado se querelle contra los jueces que obstaculizan la aplicación de la norma del olvido penal del 1-O, en particular contra Pablo Llarena, instructor de la causa del referendo ilegal. «El Gobierno debe ser mucho más activo y la Fiscalía debe actuar», señaló en una entrevista en TV3. Los de Puigdemont pondrán el tema sobre la mesa en la próxima reunión que mantendrán con el PSOE en Suiza con mediación internacional, que debería celebrarse este mismo mes de septiembre. En agosto, ya dejaron entrever que esta sería una de sus principales reivindicaciones para seguir sosteniendo al Gobierno, aunque este martes Turull fue mucho más explícito. «Igual que Pedro Sánchez se ha querellado contra un juez [en referencia a Peinado], el Fiscal General del Estado se podría querellar contra algunos jueces que no están aplicando la ley, porque esto se llama prevaricación», advirtió el político catalán. También pidió actuar ante el posible «retraso judicial expreso» del recurso presentado ante el Supremo por la no aplicación de la amnistía, ya que, a su juicio, con esta demora se estaría evitando llevar el caso al Tribunal Constitucional.
En su opinión, el Estado «no puede mirar hacia otro lado y tiene suficientes recursos para plantarse», razón por la cual emplazó al Gobierno a «responder y rebelarse» ante lo que considera una «ocupación política de la justicia». Turull insistió en que «la Fiscalía debe actuar si cree que algún juez prevarica en relación con la ley de amnistía». Aunque evitó citar con nombres y apellidos a los magistrados «rebeldes», volvió a mostrar su «absoluta desconfianza» en el Tribunal Supremo, confrontándolo con el Tribunal Constitucional, en el que confían «un poco más», y con la justicia europea.
El dirigente secesionista defendió (una vez más) el fugaz retorno de Puigdemont burlando a los Mossos a inicios de agosto, que presentó como «un acto de confrontación ante aquellos jueces que no quieren aplicar la ley de amnistía y que son conscientes de que están mal aplicando la ley». «Estamos en un Estado de no normalidad democrática», concluyó.
Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Pilar Alegría, le contestó que «nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo y ahora toca que la ley se aplique». Sobre la posibilidad de que Junts salte de la lista de socios parlamentarios, Alegría subrayó el «carácter dialogante» del Ejecutivo del que forma parte. «Esto es lo que continuaremos practicando», remató.
Illa, por la amnistía
En su primera entrevista como presidente de la Generalitat, Salvador Illa abogó por que los jueces apliquen la ley de amnistía «de forma ágil y sin subterfugios». Al ser interrogado sobre si él hubiera sido partidario de detener a Carles Puigdemont antes de dar el mitin en el Arco de Triunfo, Illa defendió la norma del olvido penal del procés y pidió al poder judicial que «respete la esfera de decisión de la política legislativa», y una ley que es «nítida y explícita, y también constitucional».