Manuel García-Castellón, el retiro del juez que hizo temblar la amnistía
ACTUALIDAD · Exclusivo suscriptores
El magistrado se jubila hoy con casi 72 años, el máximo permitido
02 sep 2024 . Actualizado a las 13:57 h.La edad media de jubilación en España se fijó, por primera vez, en los 65,1 años en el 2023, según datos de la Seguridad Social. Con una edad similar, y pese a sumar 17 años como juez de enlace en Francia e Italia, el magistrado Manuel García-Castellón emprendía su viaje de vuelta a la Audiencia Nacional. Hoy se jubila con casi 72 años, el máximo permitido.
El magistrado llegó a este alto tribunal por primera vez en 1993, después de ejercer en el Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid —su ciudad natal— y ganarse la fama de implacable. En sus nueve años en Pucela lidió con algunos de los crímenes más espeluznantes de la provincia, como el de Pedro Luis Gallego, llamado el violador del ascensor, que violó y asesinó a una joven de 17 años en 1992. García-Castellón despachó muchos de los casos más sonados en Valladolid tras arrancarle una confesión a los autores de los crímenes. Ya en su primera etapa en la Audiencia Nacional, en 1993, fue el juez que mandó a prisión al empresario Mario Conde por el caso Banesto y el primero que investigó las irregularidades de Jesús Gil en su gestión del Atlético de Madrid.
Vuelta a la primera línea
García-Castellón regresó al Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional en sustitución de Eloy Velasco en el 2017. Sobre su mesa recayeron casos muy mediáticos: la operación Púnica, el caso Lezo o la macrocausa Tándem, entre otros. Su vuelta levantó ampollas en sectores progresistas. Se trataba de un juez que había sido promocionado a Francia por Ángel Acebes, ministro del Interior popular en el 2000; que formaba parte de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que ahora debía lidiar con casos de corrupción que acechaban al PP.
En el marco de la operación Kitchen, que investiga posibles presiones al extesorero del PP Luis Bárcenas, declinó citar a declarar a la exministra Dolores de Cospedal, aunque en noviembre la Audiencia Nacional le obligó a rectificar. Eso sí, en esta causa, García-Castellón estrechó el cerco sobre la cúpula de Interior. Abrió juicio oral contra el exministro Jorge Fernández Díaz y, ya en enero de este año, citó como investigado a su número dos, Francisco Martínez. La Audiencia Nacional también le obligó a archivar la investigación sobre la presunta financiación irregular de Podemos.
Pero si su jubilación es hoy noticia es por una de las últimas causas mediáticas a su cargo: Tsunami Democràtic. García-Castellón citó a Carles Puigdemont como investigado y, posteriormente, agregó el terrorismo como uno de los posibles delitos del expresidente catalán. El avance de estas pesquisas obligó al Ejecutivo y a Junts a rectificar la ley de amnistía, hasta el punto de que los posconvergentes llegaron a votar en contra de la medida por temor a que no amparase al líder independentista. García-Castellón preguntó a las partes implicadas si consideraban la amnistía era aplicable en esta causa. Finalmente, nada de eso fue necesario. La abogada de una de las investigadas, la republicana Marta Molina, recurrió un error del juez, que había activado una prórroga del proceso un día fuera de plazo.
La Audiencia Nacional le dio la razón a la letrada y anuló tres años de diligencias del magistrado. La decisión propició que el propio García-Castellón archivara la causa. El proceso contra Puigdemont, que había pasado al Supremo, fue también archivado.