El Gobierno rechaza la opa de la húngara Magyar sobre Talgo por seguridad nacional

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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La cotización de la compañía se ha suspendido y algunos accionistas ya han anunciado pleitos contra el Estado

27 ago 2024 . Actualizado a las 16:08 h.

El Gobierno ha confirmado este martes el rechazo definitivamente a la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Magyar Vagon. Lo ha hecho en la reunión del Consejo de Ministros en la que se ha dado el portazo a la opa de 620 millones (5 euros por acción) que hizo el consorcio industrial magiar en marzo para hacerse con la gestión y control total de la compañía española. 

La Junta de Inversiones Exteriores, liderada por el Ministerio de Economía, ha frenado en una reunión extraordinaria la operación alegando «razones de seguridad nacional».

De hecho, en un comunicado divulgado esta misma mañana, el Ejecutivo español explica que, tras el «pormenorizado» análisis llevado a cabo, se ha determinado que «la autorización de esta operación conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público». Además, el Gobierno ha decidido clasificar toda la información contenida en el expediente, que no se hará pública. 

La negativa se ampara, explican, en la normativa española vigente en materia de control de inversiones exteriores. Esta pone límites al desembarco de capital extranjero en empresas estratégicas para el país. «Para el Gobierno, Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España», señalan en la nota. 

El Gobierno tenía plazo hasta finales de octubre para pronunciarse sobre esta operación, que no gusta en el seno del Ejecutivo por los vínculos entre los dueños de Magyar y el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orban.

El plazo inicial en el que debía pronunciarse el Gobierno vencía el pasado 10 de agosto, como recoge Efe, pero la Junta de Inversiones solicitó nueva información y alargó el plazo por un máximo de tres meses más.

Este mismo mes, una delegación integrada por miembros del Ministerio de Transportes, Renfe y Talgo acudieron a Hungría a visitar una fábrica de DJJ, filial integrada en el grupo de Magyar Vagon, y se mantuvieron varias reuniones para abordar cuestiones vinculadas a la operación de compra que se ha frustrado.

Suspensión en bolsa

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) decidió suspender la cotización de Talgo poco antes (12.36) del arranque de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

La compañía abrió la jornada con sus títulos en los 4,3 euros, con un comportamiento plano, pero a medida que se publicaban las informaciones relativas al veto del Gobierno, las acciones comenzaron a caer repentinamente, hasta alcanzar los 4,26 euros, un 0,93% por debajo del cierre de la jornada anterior. No obstante, Talgo volvió a cotizar a las 14.45 horas, llegando a caer más de un 9%. 

Pleitos y denuncia ante Bruselas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incidido en que la decisión se ha tomado en el marco de una normativa, la española, que es, a su juicio, «equilibrado y de referencia a nivel internacional al compatibilizar la atracción de inversiones y la defensa de los intereses nacionales».

Ha insistido en su legitimidad, toda vez que ya se han anunciado varios pleitos judiciales contra el Estado por parte de varios de los agentes involucrados en el proceso.

Entre ellos está, según Efe, la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente, o la propia Magyar Vagon, que ya había apuntado que recurriría incluso a instancias europeas para defender su operación.

El grupo húngaro lo ha reiterado este martes, al anunciar que iniciará «todas las acciones legales a su alcance», tanto en España como la Unión Europea, para defender su oferta de compra sobre Talgo.-

Así lo han manifestado fuentes del consorcio a Europa Press, que trasladan su intención de «defender la legitimidad de su oferta voluntaria por Talgo», al considerar que cumple «con todos los requisitos legales vigentes».