Los expertos dudan de la posibilidad de que prospere la querella contra el juez
06 ago 2024 . Actualizado a las 12:17 h.Pedro Sánchez se convirtió esta semana en el primer presidente del Gobierno que es interrogado por un juez en la Moncloa. La declaración, sin embargo, no respondió a las expectativas y apenas duró dos minutos. Los suficientes para que el juez Juan Carlos Peinado le preguntara si tenía relación con alguno de los investigados en la causa que investiga a la esposa de Sánchez por un presunto delito de trafico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Sánchez contestó la obviedad de que era el marido de Begoña Gómez y después el juez le preguntó si quería declarar como testigo. Respondió que se acogía a su derecho a no declarar nada que pudiera perjudicar a su esposa y ahí se acabó todo. En ese breve interrogatorio estuvieron presentes en una dependencia de Moncloa el abogado de Gómez, Antonio Camacho, el fiscal del caso y las defensas de los tres investigados en la causa, Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.
Teléfonos inhibidos
Orden de Moncloa. El temor de Sánchez era que las imágenes de su interrogatorio acabaran en los medios. Aunque el juez dio instrucciones para que la declaración fuera registrada, hubo muchas medidas de seguridad para impedir que alguna de las partes grabara la declaración con su teléfono móvil. El equipo de seguridad de Moncloa instó a los presentes a introducir todos sus teléfonos, tabletas, ordenadores y hasta cualquier lápiz de memoria en una caja de Faraday, cuya misión es inhibir las radiofrecuencias y las señales de todos los dispositivos. Una orden que dejó perplejos a los intervinientes en el acto judicial, según revelaron los abogados presentes, pero que todos cumplieron disciplinadamente. Aunque probablemente la medida no impedirá que alguna de las partes que tienen acceso a la histórica grabación la filtre a algún medio de comunicación.
Querella de Sánchez
La Abogacía del Estado. La decisión del juez de no permitir que Sánchez declarara por escrito, tal y como solicitó en una carta enviada al magistrado, motivó que el presidente del Gobierno se querellara por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. Sánchez interpuso esa querella a través de la Abogacía del Estado, aduciendo que se trataba de defender la dignidad de la Presidencia del Gobierno, a la que se le había arrebatado el derecho a declarar por escrito cuando es citado como testigo en un juicio.
Aparente contradicción
Poco visos de prosperar y un retraso. El argumento del juez de citar a Sánchez como esposo de Begoña Gómez, y no como presidente, resulta desconcertante, dado que él mismo aseguró que el objeto de la investigación sobre Begoña Gómez eran todos los actos que ha protagonizado desde que es esposa del presidente del Gobierno. En todo caso, la querella presentada por la Abogacía del Estado no solo tiene pocos visos de prosperar, según la mayoría de los expertos en derecho, sino que además se resolverá sin carácter de urgencia, lo que implica que su resolución no se tomará como mínimo hasta el mes de septiembre, dado que el mes de agosto es inhábil en los tribunales salvo excepciones. Solo entonces los jueces decidirán si admiten a trámite la querella presentada por Sánchez y abren una causa contra Peinado por negarse a que Sánchez declarara por escrito.
El juez que resolverá
El mismo que pidió investigar a García Ortiz. La otra aparente falta de fortuna de Sánchez en su objetivo de que la querella, a la que el viernes se sumó otra de la propia Begoña Gómez, acabe apartando al juez Peinado del caso, es que la querella presentada por la Abogacía del Estado tendrá como ponente para decidir si se admite a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al magistrado José María Goyena, que es el que elevó al Supremo la exposición razonada para que se impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de datos privados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un hueso duro de roer para Sánchez.