Acuerdo ERC-PSC: selecciones propias, embajadores y puestos en la ONU y Unesco

El preacuerdo alcanzado entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat, y que establece una financiación «singular» para Cataluña que equivaldría a la recaudación y gestión de todos los impuestos, es decir, una independencia fiscal, contempla muchos otros puntos polémicos e, incluso, de dudosa constitucionalidad. El texto difundido por Esquerra es prácticamente un programa de gobierno soberanista, en el que se maniata la gestión que pueda llevar a cabo Illa, pues se le señala qué tipo de políticas ha de realizar en los distintos departamentos, pero no aclara si se formará será un Gobierno de coalición y qué consejerías se quedarían los republicanos.

Los 25 folios del preacuerdo de investidura «encaminada a conseguir que Cataluña gane soberanía» y se alcance el reconocimiento pleno de Cataluña como nación establecen cuatro principales compromisos: a) Construir una solución al conflicto político, para alcanzar un acuerdo que «siga refrendado por la ciudadanía de Cataluña». Es decir, ya se alude a un referendo. b) Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, lo que implica un privilegiado régimen similar al Cupo vasco al margen de las finanzas del resto del territorio español. c) Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña. En especial de la escuela catalana, el uso social del catalán y la acción exterior de la Generalitat. d) Asegurar la continuidad de unas políticas públicas. Lo que equivale a seguir las líneas marcadas por la gestión de Pere Aragonès.

conflicto político

Convención Nacional. En el primer pleno del Parlamento catalán tras la formación de gobierno se creará una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, formada por los grupos parlamentarios y presidida por ERC. Su cometido será el debate para la resolución del conflicto y el seguimiento de la ley de amnistía. Además, el Gobierno catalán tendrá que crear una oficina de seguimiento de estos trabajos.

nación con lengua propia

Pacto nacional por la lengua. En los cien primeros días de Gobierno, se firmará un pacto nacional por la lengua y su calendario de ejecución, que será propuesto por el Gobierno de Aragonès. El Ejecutivo de Illa asumirá las medidas del plan actual y lo dotará con 200 millones de euros el primer año. El catalán será «la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo» y en las extraescolares y el deporte de base. Se impulsará el uso de la lengua de la comunidad en los medios audiovisuales y digitales, así como en los inmigrantes y en áreas de salud y derechos sociales, empresa y comercio. Se establece asimismo que todos los graduados en universidades catalanas en estudios estratégicos adquieran el nivel C1 de catalán. Y, por supuesto, todas estas medidas conllevan la previsión de que se doten económicamente para poder ejecutarlas.

acción exterior

Proyección internacional y representantes. El acuerdo prevé que se mantenga el Departamento de Acción Exterior de la Generalitat y se cree el cuerpo de acción exterior, es decir una especie de Diplocat, de funcionarios diplomáticos, y se mantengan las delegaciones del Gobierno catalán en el extranjero.

Presencia en organismos internacionales. Exige el texto que la Generalitat tenga representantes en organismos y agencias internacionales como la ONU, Unesco, OMS, Europol, OSCE y otras como en la Unión por el Mediterráneo.

Selecciones deportivas. Se trabajará por el máximo reconocimiento del deporte catalán en todos los niveles y se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas, para lo que el Gobierno autonómico creará una oficina específica, y podrán optar a la participación directa en el ámbito internacional por el hecho de constituirse antes que la federación estatal correspondiente.

políticas a seguir

Energía, agua, movilidad y trenes. Se ha de continuar con consolidación de la empresa pública de energía Energética y con el modelo actual, extender el autoconsumo y primar las renovables. Seguir con las inversiones en obras hidráulicas, en desaladoras y regeneradoras de agua y potabilizadoras.

Se ha de mantener el proyecto de transporte público ferroviario en el área metropolitana de Tarragona. En Cercanías, se constituirá una nueva operadora y se ejecutará el traspaso de las infraestructuras fijadas para el 2025. Y se conservarán las bonificaciones a los usuarios del tren.

Empresa, fiscalidad, vivienda, educación, salud, cultura y derechos sociales. Se continuará trabajando por una reindustrialización verde y para alcanzar el peso industrial del 25 % del PIB en el 2030. El impuesto de sucesiones seguirá como está (7 % los primeros 50.000 euros y de ahí hacia arriba se incrementará proporcionalmente el porcentaje a pagar). Se construirán 50.000 pisos protegidos antes del 2030, se aplicará el índice de referencia de precios de alquiler, se regularán los alquileres de temporada, por habitaciones y los turísticos. Se sustentará la gratuidad de la educación y el vale escolar de 70 euros, y no se concertará con centros que segreguen por género. Se consolidarán las mejoras laborales del personal sanitario, y seguirán las inversiones hospitalarias programadas. Hay que cumplir con el objetivo previsto de gasto en cultura del 2 % del presupuesto en el 2025. Y conservar la oficina de pobreza energética.

Seguridad: El acuerdo obliga a convocar cada año un mínimo de 900 plazas para mossos, y continuar con las promociones para bomberos, agentes rurales y otro personal de cuerpos operativos, mejorar la flota de vehículos y la adecuación de infraestructuras.

políticas a impulsar

Agua, renta básica agraria y movilidad. Que Cataluña pueda ser autosuficiente en agua en el 2030. Impulsar una renta básica agraria. Mantener bonificaciones a los peajes.

prosperidad y justicia

Empresa, fiscalidad, investigación, salud. Acompañamiento a autónomos y pequeñas empresas con fiscalidad progresiva. Rebajar el IRPF a rentas menores de 35.000 euros. Inversiones en universidades e investigación. Implementar centros de salud bucodental. Desplegar el Pacto Nacional de la Salud Mental.

agenda legislativa

Nueve leyes el primer año. El acuerdo mandata aprobar nueve leyes el primer año de legislatura, entre ellas de alquileres, memoria democrática, para elevar impuestos a los casinos, gratuidad de la primera etapa de la educación infantil (en Galicia ya en vigor desde el 2022 desde cero años), sobre derechos culturales y estatuto de municipios rurales. Y se impulsarán doce proyectos de ley, entre ellos para proteger a consumidores de hipotecas y créditos, erradicar el amianto, acerca de la policía, de protección de animales, medio ambiente, residuos y organización de la administración de la Generalitat.

un país de progreso

Renta básica universal y aeropuerto de El Prat. El pacto obliga a implementar una renta básica universal y a un nuevo modelo de gestión del aeropuerto de El Prat, fomentando los vuelos de larga distancia, para lo que se acuerda seguir negociando para lograr conexiones intercontinentales. Se fijará un máximo de emisiones anuales, lo que condicionará el número de vuelos, se respetará la biodiversidad (lo que pone en riesgo la ampliación de las pistas) y se establece la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña y que la comunidad tenga un papel «determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán».

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