Sánchez pide por carta al juez contestar por escrito a sus preguntas del caso Begoña Gómez

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EDUARDO PARRA

El jefe del Ejecutivo afirma que su condición de presidente del Gobierno es «inescindible» de su declaración

24 jul 2024 . Actualizado a las 21:02 h.

La batalla jurídica en torno al caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continua. El jefe del Ejecutivo envió este miércoles una carta al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer por corrupción y tráfico de influencias, en la que le expone que desea contestar por escrito a las preguntas que el magistrado le formule como testigo en el caso. Sánchez afirma que su comparecencia es «inescindible» de su cargo de presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo esgrime la Ley de Enjuiciamiento Criminal para defender su petición al magistrado. Traslada al juez su «voluntad, como no puede ser de otro modo», de «colaborar con la Administración de Justicia». Asegura que ha tenido conocimiento «a través de los medios de comunicación» de la providencia dictada por el juez el pasado 19 de julio, en virtud de la cual se pidió su declaración como testigo en el seno de las diligencias previas que se tramitan en el juzgado del magistrado Peinado.

Prerrogativa del presidente

Ante ese hecho, el presidente del Gobierno expresa su voluntad de colaborar «siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución española» y la ley que vincula a todos los ciudadanos y es «la máxima garantía de nuestro Estado de derecho». Por tanto, asegura Sánchez, su declaración debe producirse de acuerdo a lo que establece la ley, que destaca que es una prerrogativa del presidente del Gobierno, entre otros altos cargos, el contestar por escrito y no de manera presencial, como pretendía el juez Peinado.

Sánchez hace notar que «es notorio» que su comparecencia «resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno». Y, dado que las actividades que investiga el titular del Juzgado número 41 de Madrid son todas las actuaciones de Begoña Gómez desde que Sánchez es el presidente del Gobierno, para la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios las figura del presidente es necesaria.

«No tengo duda de que vuestra ilustrísima compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por tanto, a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del presidente del Gobierno», asegura Sánchez en la misiva.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la posibilidad de testificar por escrito cuando un juez toma declaración a un presidente del Gobierno por hechos de los que ha tenido «conocimiento por razón de su cargo». El juez Peinado considera sin embargo que esa opción no es aplicable al caso de Pedro Sánchez porque él investiga cuestiones sobre las que habría tenido constancia por ser el marido de Begoña Gómez, y no como presidente del Gobierno. En ese caso, la ley establece que tendrá que testificar «en su domicilio o despacho oficial

Por ese motivo, el juez ya ha dictado incluso instrucciones para la «instalación de los dispositivos necesarios» en la Moncloa para grabar la comparecencia y señala que él mismo encabezará «la comisión judicial» que se desplazará al palacio presidencial el 30 de julio.

Por ese motivo, el juez ya ha dictado incluso instrucciones para la «instalación de los dispositivos necesarios» en la Moncloa para grabar la comparecencia y señala que él mismo encabezará «la comisión judicial» que se desplazará al palacio presidencial el 30 de julio.

  

El juez a citado a Sánchez a través de providencia, y no de un auto, lo que obliga a que cualquier recurso sea presentado primero ante él. Y en el caso de que lo rechace, acudir entonces a la instancia superior, lo que en la práctica hace imposible que los recursos presentados contra la citación el mismo martes por la defensa de Gómez y la Fiscalía puedan estar resueltos a tiempo por la Audiencia Provincial de Madrid, en el previsible caso de que el juez Peinado rechace los recursos.

La Audiencia de Madrid no estudiará hasta el próximo el 30 de septiembre la petición de Begoña Gómez de archivar la investigación. Y también abordará el recurso en el que la Fiscalía pedía delimitar la causa. Esos plazos hacen que el caso se dilate al menos durante dos meses.

Las acusaciones populares piden que la declaración se haga en el palacio de la Moncloa

Las acusaciones populares de la investigación contra Begoña Gómez reclamaron al juez Juan Carlos Peinado que no atienda al escrito que le ha remitido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantenga su declaración como testigo el próximo 30 de julio desde la Moncloa. Tras conocer por la prensa la comunicación del presidente del Gobierno, las acusaciones populares se dirigieron al juzgado, pero en su caso para pedirle que mantenga la declaración tal y como la acordó, es decir, que se dirija a la Moncloa para interrogarle.

Afirman que el escrito de Sánchez «carece del más mínimo sentido» y «de continuar, o negarse a ser recibido en declaración como testigo», solicitan que se aplique el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone que «la resistencia» de determinados cargos a «recibir en su domicilio o residencia oficial al juez, o a declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado respecto a los hechos del sumario, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para los efectos que procedan».

En su escrito, las acusaciones, dirigidas por Vox, discrepan de que el jefe del Ejecutivo haya sido llamado a declarar por motivos relacionados con su cargo porque —indican— ha tenido conocimiento del procedimiento «por ser el esposo» de Begoña Gómez y no por ser presidente.

Inciden además en que, en su opinión, Sánchez tampoco podría acogerse a la dispensa legal que le exime de testificar en contra de su mujer, ya que hay otros dos investigados: el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos públicos investigados, y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.

El escrito lo suscriben, además de Vox, la asociación Hazteoír, el autodenominado sindicato Manos Limpias y las organizaciones denominadas Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España, que ejercen la acusación.

En otro orden de cosas, el PP registró este miércoles su nueva ampliación de la lista de comparecientes ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, en la que los populares tienen mayoría absoluta, y pidió información sobre la relación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con el empresario Carlos Barrabés. Los populares, sin embargo, no citan al presidente del Gobierno ni tampoco a su mujer.