El Gobierno cierra el curso político con dos graves derrotas parlamentarias que evidencian su debilidad
ACTUALIDAD · Exclusivo suscriptores
Tras el rechazo a la ley de extranjería y al techo de gasto, el Ejecutivo de Sánchez acumula 32 tropiezos legislativos desde el 23J
23 jul 2024 . Actualizado a las 23:10 h.Los diputados llaman pleno-escoba al maratoniano superpleno extraordinario que se celebró este martes en el Congreso, el último antes de las vacaciones de verano que pretendía aprobar varias asignaturas pendientes in extremis. Las más difíciles, pero básicas para comenzar el curso político en septiembre con parte de los deberes hechos, son la ley de extranjería, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Solo la última logró el apto.
Sus señorías abandonaron la Cámara Baja cargados con sus maletas, algún deficiente y un suspenso general por no haber consensuado una solución legislativa a la crisis migratoria que sufren Canarias, Ceuta y Melilla. El Gobierno de coalición, liderado por Pedro Sánchez, ya acumula al menos 32 derrotas parlamentarias, cuando se cumple un año del 23J, que evidencian y acrecientan su debilidad.
Las víctimas inmediatas de una de las dos graves derrotas de ayer son los 5.500 niños y adolescentes migrantes no acompañados que tutela el Ejecutivo canario —hacinados y en condiciones inhumanas, reconoce—, que prevé que asciendan a 12.000 hasta fin de año. Su presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), acudió como invitado al Congreso, donde trató de ejercer como mediador, según confirmaron fuentes parlamentarias, entre las formaciones que se niegan a modificar el artículo 35 de la ley de extranjería que obligaría al reparto de menores migrantes entre las diferentes autonomías cuando la comunidad a la que arriban supere el 150 % de sobreocupación. Su rostro grave en la tribuna reservada al público ya anunciaba el fracaso de las negociaciones de última hora. De hecho, la diputada de CC, Cristina Valido, pedía por la mañana a los otros dos firmantes del texto —PSOE y Sumar— no someterlo a votación si no estaba garantizada su tramitación. «Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando», reclamó.
Pasadas las ocho de la tarde, naufragaba la reforma de esta ley, que recibió 177 votos en contra, del PP, Vox y Junts; 171 a favor, de socialistas, la formación magenta y CC; y una abstención, de UPN. Mientras el PSOE apelaba a la responsabilidad para que estos menores no sean «sujetos de racismo», el PP tachó la propuesta de nimia y de chantaje a su formación. «Para empezar a hablar les exigimos la declaración de la emergencia migratoria en todas las comunidades, una conferencia de presidentes autonómicos, la implicación de todos los ministros a los que les afecta la migración y poner en marcha un sistema de financiación para la acogida», defendió su diputada Ana Isabel Alós.
Junts tumba el techo de gasto
Y en la víspera de la visita de Sánchez a Barcelona para negociar con ERC una eventual investidura de Salvador Illa, Junts votó de nuevo no en Madrid, y se sumó al PP y Vox para tumbar los objetivos de estabilidad que acompañan al techo de gasto para el 2025, lo que deja en el aire los futuros presupuestos del próximo año. Nada presagiaba que esta votación no saldría adelante, pero el portavoz de los posconvergentes Josep María Cruset avanzó su rechazo a media tarde y lo justificó en que se han dejado de invertir en los últimos años 8.000 millones de euros en Cataluña.
Esta segunda y sorpresiva derrota parlamentaria, con 178 votos en contra y 171 a favor, complica el calendario presupuestario. El Ejecutivo debe ahora aprobar una nueva senda y remitirla a las Cortes para su debate y aprobación en pleno parón estival, presentar las cuentas antes de que acabe septiembre y tramitarlas antes de fin de año.
El Congreso aprueba la reforma judicial pactada por PSOE y PP
No hubo sorpresas, en cambio, en la votación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada previamente entre socialistas y populares, y la elección de los diez nuevos vocales del órgano de los jueces —caducado y en funciones desde el 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy— que corresponden a la Cámara Baja. La propuesta contó con 259 votos a favor de los dos grandes partidos (PP y PSOE) y el apoyo extra de Coalición Canaria (CC); 43 noes de Vox, Junts y Podemos; y 32 abstenciones de Sumar, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el PNV, salvo una de sus diputadas que se equivocó y votó a favor. El BNG, ERC y EH Bildu no participaron en la votación al considerar que esta reforma sigue favoreciendo la guerra judicial o lawfare.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, celebró la reforma porque es una forma de «empezar a proteger la Justicia del intervencionismo y manipulación de Sánchez», dijo. Y el diputado del PSOE Francisco Aranda lamentó las «excusas acumuladas» por los populares para retrasar hasta cinco años este acuerdo. Ahora, será remitida al Senado, que prevé tomarla en consideración hoy y aprobarla el 31 de julio, cuando elegirá a los otros diez vocales que le corresponden. Una vez hayan tomado posesión de sus cargos, tendrán entre tres y siete días para elegir a su presidente, que lo será también del Supremo.