La empresaria impugna que el juez Peinado indague sobre la Complutense
19 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La primera esposa de un presidente del Gobierno español investigada por corrupción declarará hoy ante el juez Juan Carlos Peinado con una situación más complicada que hace dos semanas, cuando el magistrado tuvo que aplazar la comparecencia al no haberle notificado las últimas acusaciones. Begoña Gómez se sentará en el banquillo después de que el empresario Juan Carlos Barrabés asegurara que se reunió ocho veces con ella en la Moncloa, y que en dos ocasiones estuvo presente Pedro Sánchez, y después de que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) remitiera un informe en el que recoge indicios de un posible delito de apropiación indebida y afirma que la mujer de Sánchez no colaboró en su investigación interna.
Acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en esta causa, abierta tras la denuncia del seudosindicato ultra Manos Limpias, Gómez solicitó ayer al juez que suspenda la declaración de este viernes de dos cargos de la UCM dado que en la denuncia inicial no se hacía ninguna referencia a esta Universidad ni a ningún delito que se hubiera cometido en su seno.
«Impertinente e inútil»
En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, su abogado defensor, el exministro socialista Antonio Camacho, dice no entender «cuál es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector [...] y su antecesor en el cargo, a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea». El letrado vuelve a poner en evidencia «la indeterminación» del objeto investigado e impugna el interrogatorio de dos testigos: el vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, José María Coello de Portugal; y de su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. Camacho insiste en que la investigación debe circunscribirse a los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés en los que la Audiencia Provincial de Madrid vio margen para indagar, y tacha de «impertinente e inútil» la declaración de ambos testigos.
Tras la declaración fallida del pasado 5 de julio, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid tiene ahora un informe de 20 páginas de la UCM donde esta explica las «investigaciones internas» sobre la «posible apropiación indebida» del software por el que la Universidad desembolsó en tres tandas 102.848,79 euros. La Complutense, que denuncia ante el juez la falta de colaboración de Gómez en la investigación, pone sobre la mesa tres facturas bajo sospecha relacionadas con esta aplicación.
Gómez no dio explicaciones sobre esos desembolsos, pero su entorno sostiene que no registró la herramienta a su nombre ni la comercializó ni la canalizó a través de una empresa.
La UCO, tras el hermano
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió ayer a la Diputación de Badajoz para hacer un nuevo volcado del correo electrónico de David Sánchez, hermano del presidente, por un «error informático» en el que hizo anteriormente. El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz lo investiga por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Volverá a entrar por el garaje y se impedirá el acceso a personas ajenas al procedimiento
La decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco Martínez, accedió ayer a la petición de la Dirección del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno para que la mujer de Pedro Sánchez acceda por el garaje de la sede judicial para prestar declaración como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado, ya que «sí se advierte un posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez».
Además, anunció que reforzará la seguridad en el edificio para evitar que, tal y como ocurrió el pasado 5 de julio, personas ajenas al procedimiento, haciéndose pasar asesores de las acusaciones, se cuelen en los pasillos y graben a la imputada en el interior del recinto. El decanato también comunicó que la empresa que se encarga de la seguridad de los juzgados de Plaza de Castilla (Secoex) va a destinar nueve vigilantes para controlar los accesos al edificio.
Dos de las acusaciones personadas, la organización ultracatólica Hazteoír y Iustitia Europa, recurrieron el acuerdo de la decana ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pidieron su nulidad.