Maduro aumenta la represión para frenar el apoyo a sus rivales
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Suma más de 70 opositores detenidos en 12 días de campaña
19 jul 2024 . Actualizado a las 22:18 h.Desde un sillón de diálisis, un hombre de unos 50 años, que en sus redes sociales se identifica como Eduardo, afirma ser quien trasladó a María Corina Machado de Maracay a Valencia, unos 30 kilómetros de distancia, cuando a la dirigente política le cerraron la principal autopista del occidente venezolano para impedirle dar un mitin, hace menos de una semana. Señala que el Sebin, la policía política, le ha cerrado su negocio, Autorrepuestos Edmarc, por haber ayudado a la líder opositora; y que a pesar de eso y su condición de paciente renal, «voy a seguir luchando».
Es solo la víctima más reciente de un patrón de persecución que las oenegés Laboratorio de Paz y Foro y Penal han cuantificado: a cada una de las multitudinarias marchas de Machado y el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, siguen detenciones y cierres de comercios, trátese del hotel que los hospedó o del restaurante de carretera que los alimentó.
Según estas oenegés, desde que comenzó la campaña, 71 dirigentes regionales opositores han sido detenidos, hubo 13 casos de incautación de bienes o cierres de comercios y 26 de hostigamiento; el cierre de una radio y el bloqueo de cuatro webs. Antes del comienzo de la campaña, el 4 de julio, el régimen venezolano sumaba ya 52 detenciones políticas durante el 2024.
Persecución
Al menos, y por ahora, Eduardo ha corrido mejor suerte que Jesús Guerrero, quien, ante un cierre vial similar en Barinas, cuna de Hugo Chávez, también trasladó en una moto a González Urrutia y ahora se encuentra detenido, bajo el peregrino cargo de «delito ambiental». Y los hoteles y restaurantes en los que se hospedan o duermen los dirigentes opositores son cerrados por «incumplimiento de deberes tributarios».
Mientras, el músico Willy Álvarez, venezolano residente en Colombia que compuso una canción para la campaña opositora y que volvía a Venezuela a votar, fue detenido en la frontera del estado de Táchira por «resistencia a la autoridad», un delito menor; pero le impusieron dos avalistas que deben ser funcionarios públicos, lo cual significa que lleva más de una semana preso.
Los casos son tantos, y tan graves, que el exgobernador de ese estado y dirigente opositor César Pérez Vivas cree que constituyen «delitos de persecución política», lo cual sería un crimen de lesa humanidad. Pérez Vivas y otros dirigentes, como Juan Carlos Delpino, uno de los dos rectores no chavistas del Consejo Nacional Electoral, solicitaron que «ponga freno al Gobierno», algo que con las encuestas en contra de Maduro parece inviable.
La oposición aspira a que el Gobierno de Nicolás Maduro, que opta a una segunda reelección y va muy atrás en los sondeos serios, respete los acuerdos firmados en Barbados en octubre, que intentaban normalizar el clima político del país de cara a unas elecciones en las que el desequilibrio de poder parece inversamente proporcional a la intención de votos de los venezolanos.