Diecisiete bailarines del musical «Malinche» de Nacho Cano denuncian a la policía por coacciones
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Según los denunciantes, los agentes les interrogaron de manera irregular y elaboraron documentos «manipulados»
17 jul 2024 . Actualizado a las 09:13 h.Diecisiete bailarines mexicanos del musical «Malinche», dirigido por el músico español Nacho Cano, denunciaron a la policía por coacciones y falsedad documental cuando fueron interrogados en el marco de la investigación que llevó a la detención del artista la semana pasada.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que los bailarines, becarios que se están formando en la obra que se representa en Madrid, ha interpuesto 17 denuncias individuales, que recaerán en diferentes juzgados, pero que se refieren todas a los mismos hechos: un trato inadecuado por parte de la policía, con coacciones y documentos «manipulados».
La primera de las denuncias ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 38 de Plaza de Castilla, donde es probable que se acaben aunando el resto, han precisado otras fuentes.
El pasado 17 de junio, una docena de agentes policiales irrumpieron en la iglesia madrileña en la que ensayaban los bailarines aludiendo a una supuesta inspección de trabajo, tras lo que fueron trasladados a comisaría durante varias horas para preguntarles por sus condiciones laborales, algo que, según los denunciantes, ya es irregular.
Además, los agentes les coaccionaron y llegaron a elaborar documentos «manipulados», explicaron las fuentes, que también consideran irregular que no tuvieran acceso a la denuncia en la que una integrante del elenco acusó a Cano por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes. Esta denuncia, interpuesta meses antes, no se judicializó hasta el momento de la detención del artista.
En una de las 17 denuncias a la que ha tenido acceso EFE, se manifiesta que la intervención policial fue «desproporcionada» y generó en la denunciante miedo, angustia y una sensación de «defensión y desinformación» debido a «constantes comentarios amenazantes» de los agentes, en concreto amenazas de deportación del país.
La denunciante asegura que se trató al grupo «como delincuentes», que estuvieron retenidos e incomunicados en comisaría durante varias horas en contra de su voluntad y sin ser informados de en qué condición y que ella fue obligada a entregar su dispositivo móvil bajo amenazas.
Según la denuncia, las «coacciones» llevaron a esta joven a sentir «indefensión y discriminación por condición de extranjera». Asimismo, refiere que intentaron sonsacarle acusaciones contra Nacho Cano «que no se corresponden con la realidad» y que su declaración fue alterada, lo que considera «falsedad en documento público».
Además de las 17 denuncias presentadas, el despacho que defiende a los bailarines becados ha interpuesto una más por otros presuntos delitos: la presencia en la iglesia donde ensayaban de una menor de edad, de 15 años, que la Policía no llevó a la Comisaría pero que mantuvo tiempo en ese local, tomándole declaración y sin llamar a sus padres.
«El criminal no soy yo, es la policía»
Nacho Cano, exmiembro de la banda musical española Mecano, fue arrestado el pasado día 9 de julio y trasladado a dependencias policiales por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, según confirmó la Policía. Ese mismo día también fue detenida una mujer de su equipo, de nacionalidad mexicana.
El músico quedó en libertad a la espera de ser citado por el juez, no sin antes generar polémica en España con enfrentamiento político entre derecha e izquierda incluido. Según explicó el propio Cano, el origen de la denuncia está en un programa de becas —en convenio con una escuela— que montó para llevar a España talento juvenil.
Según Nacho Cano, fue una de las becadas, a la que calificó como «conflictiva» y de la que prescindió, quien supuestamente interpuso la denuncia.
«El criminal no soy yo, es la policía, es a los que hay que investigar», dijo Cano, quien criticó la existencia de una «una maniobra orquestada» en su contra por su relación con la política y su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y acusó a los agentes de detenerle «10 minutos» para hacerle «la foto» y filtrarlo a los medios de comunicación.
Luego, la joven denunciante explicó públicamente que los bailarines habían llegado a España advertidos de que tenían que pasar los controles como si fueran turistas, les obligaban a trabajar de lunes a sábado durante doce horas, estaban en «condiciones pésimas» y solo recibían unos 300 euros al mes.