El Consejo de Ministros acuerda el anteproyecto para traspasar las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra
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El Supremo bloqueó un decreto que aprobaba el traspaso, por lo que la medida llega ahora al Congreso como una reforma de la ley del estatuto de esta comunidad
10 jul 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley que determina que la Policía Foral de Navarra obtenga las competencias de tráfico en esta comunidad, a cargo actualmente de la Guardia Civil. La medida, pactada entre el Ejecutivo central y el Gobierno navarro —ambos del PSOE— fue muy criticada por el PP y Vox, al cerrarse a cambio del apoyo de EH Bildu a la investidura de María Chivite, presidenta navarra.
El traspaso, y otras nueve medidas que siguieron su curso, se efectuó en principio con un decreto ley, pero el Supremo aceptó un recurso de la asociación de guardias civiles Jucil e invalidó el traspaso. La norma era legal, pero debía ejecutarse con una reforma del la Ley Orgánica de Reintegramiento y Amejoramiento (Lorafna), el estatuto navarro.
Del Gobierno autonómico a su Parlamento, para después pasar por el Consejo de Ministros. La ley orgánica sigue el cauce de su larga tramitación, con una parada clave: las Cortes Generales. PP y Vox fueron los únicos partidos que se opusieron a su validación en la Cámara navarra. Se da por sentada su negativa en el Congreso, pese a que el Gobierno le reprocha a los populares que José María Aznar, en el 2000, pactara un traspaso similar con el entonces mandatario de la UPN, Miguel Sanz. El Ejecutivo cuenta previsiblemente con los votos del PNV, de EH Bildu y de un momentáneo aliado como la UPN, pero necesita de los independentistas catalanes para aprobar la medida. Cataluña y País Vasco son las dos comunidades en las que sus policías autonómicas controlan las competencias de tráfico.
Los colectivos de guardias civiles recelan del futuro de cerca de centenar y medio de agentes que trabajan en Navarra. El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, afirmó que las llamadas pasarelas, que conllevarían el paso de los guardias civiles al cuerpo de policías forales, no se contempla en la ley de personal del instituto armado. El Gobierno navarro, en cambio, remarcó que sí que está estipulado en la Ley Foral 13/2018.
«¿Cómo se puede jugar así con unos funcionarios públicos que llevan muchos años trabajando en las competencias de trafico de esta comunidad? Se les da una patada de la noche a la mañana sin darle notificacion alguna», afirmó el secretario nacional de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona.
En cualquier caso, las asociaciones de guardias civiles y también las de policías forales coinciden en que el traspaso no debería haberse acordado como parte de un pacto político. «No ha gustado que se use políticamente a la Guardia Civil y a la Policía Foral de Navarra», destacó Roberto Valencia, de CSIF y el Sindicato de Policías Forales. «Creemos que es mas un peaje político que una decisión policial», aseguró Vilariño.