La Fiscalía pide amnistiar a doce miembros de los CDR acusados de preparar ataques con explosivos
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El ministerio público no aprecia violación de los derechos humanos
28 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Tal como hizo con Tsunami, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la aplicación de la ley de amnistía a los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo, al no apreciar violación de los derechos humanos en los hechos que se les imputan. El ministerio público solicitaba hasta 27 años de prisión en el marco de la llamada operación Judas. «Los criterios interpretativos no nos generan dudas en cuanto a la aplicación de la ley de amnistía al caso que nos ocupa», señaló la teniente fiscal Marta Durántez, en la vista celebrada este jueves. «Interesa el sobreseimiento libre», expuso ante el tribunal, presidido por el juez Alfonso Guevara, que deberá resolver en los próximos días. Además, el ministerio público ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aplique también el perdón a altos cargos de Esquerra, como el diputado y presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové; el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó; y la consejera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.
«No lo llegaron a materializar»
En su exposición, Durántez remarcó que los «acusados no llegaron a materializar ni ejecutar» ninguna actuación que pudiera «causar algún tipo de daño o poner en peligro la vida, la integridad física o psíquica, o la integridad moral» de las personas. Por su parte, la acusación popular, ejercida por Vox y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, entre otros, defendió que no se aplique la amnistía. «Es una ley incompatible con la Constitución, el Código Penal y el derecho de la UE», señaló el letrado Ignacio Fuster-Fabra, a quien el juez llegó a interrumpir por criticar la norma. Fuster-Fabra subrayó que si no llegaron a producirse estragos es porque las fuerzas de seguridad del Estado lo evitaron.
Por otro lado, el Gobierno ha aprovechado el último real decreto de medidas anticrisis para tumbar un precepto legal pactado con Junts. En concreto, el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido en la legislación española por exigencia de Bruselas, establecía que cuando un juez presente una cuestión prejudicial ante los tribunales europeos se paraliza el proceso en marcha. Algo que, en opinión de los independentistas, podía retrasar la aplicación de la amnistía. La derogación se publicó este jueves en el BOE.