El nuevo Consejo General del Poder Judicial debe cubrir ya 98 plazas
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Según estimaciones internas del Supremo, hay alrededor de 800 sentencias dictadas menos al año por el atasco de causas pendientes
27 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá entre sus tareas más inmediatas la de cubrir las 26 vacantes de magistrados que acumula el Tribunal Supremo y las 40 de los tribunales superiores y otras 30 de audiencias provinciales ante la imposibilidad legal de realizar nombramientos estando en funciones, tal y como regula una ley que entró en vigor en marzo del 2021 y que avaló el Tribunal Constitucional en octubre pasado. También existen dos vacantes en la Audiencia Nacional.
Los vocales integrantes del Consejo saliente, a pesar de llevar en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 y que desde entonces ha perdido cinco vocales, han podido seguir trabajando con normalidad excepto en lo que respecta a la capacidad de efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Una circunstancia que ha afectado sobre todo al Supremo, cuyas cinco salas sufren en mayor o menor medida los «efectos devastadores» de las vacantes, en palabras del expresidente del órgano Carlos Lesmes, en su funcionamiento ordinario (revisión de recursos, celebración de vistas, deliberaciones o sentencias dictadas).
Las salas más perjudicadas son la Militar, Social y Contencioso-Administrativo, siendo estas dos últimas las jurisdicciones que aglutinan la mayoría de las reclamaciones vinculadas a las restricciones acordadas por la pandemia de coronavirus. Para paliar esta situación, el Ministerio de Justicia aprobó hace 13 meses un programa de actuación para el refuerzo en el Gabinete Técnico del Supremo «con el fin de afrontar la sobrecarga de asuntos» que sufren.
Nombramientos y atascos
Dicha medida fue prorrogada en enero pasado y el coste se acerca a los 12,5 millones al año para incorporar 35 nuevas plazas de letrados de apoyo en esos órganos. Según estimaciones internas del Supremo, hay alrededor de 800 sentencias dictadas menos al año. Una circunstancia que repercute en el servicio que se da a las personas físicas o jurídicas que recurren en casación al tribunal.
Antes de dimitir, el expresidente del Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes llegó a admitir lo siguiente: «El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia». Tras la salida de Lesmes, el vocal Rafael Mozo asumió la presidencia interina del Consejo y el magistrado Francisco Marín Castán la del Supremo, lo que produjo una bicefalia inédita.
Una vez constituido el nuevo Consejo, el proceso para completar los nombramientos pendientes en el Supremo podría dilatarse meses, y, ya realizados, habría que sumar otros tantos hasta que los asuntos acumulados sean resueltos.