El Gobierno prorroga el IVA cero de los alimentos básicos hasta septiembre y lo elevará al 2 % entre octubre y diciembre
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Extiende los descuentos del bono energético en luz y gas hasta junio del 2025 y hace indefinida la tarifa regulada del gas natural para comunidades
26 jun 2024 . Actualizado a las 13:44 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes la prórroga de las medidas de lucha contra la inflación, entre ellas la rebaja del IVA en los alimentos básicos y los descuentos del bono energético para aliviar las facturas de luz y gas de las familias con menos recursos.
En la cesta de la compra, el Gobierno amplió tres meses la exención fiscal a los alimentos básicos, que continuarán disfrutando de un tipo del 0 % hasta el 30 de septiembre. Los productos que seguirán sin tributar son la leche, el pan, los huevos, el queso, las patatas, los cereales, la fruta y la verdura sin procesar. A esta relación se sumará, a partir del 1 de julio, el aceite de oliva, cuyo precio se ha triplicado en los últimos tres años y que pasará a considerarse un alimento de primera necesidad. Por su parte, la pasta y el aceite de semillas, como el de girasol, seguirán disfrutando hasta el final del verano de un IVA superreducido del 5 %.
A partir de octubre, y hasta final de año, se abrirá un período transitorio en el que la fiscalidad de estos alimentos bonificados volverá a subir, aunque gradualmente. Así, los alimentos básicos pasarán de tributar al 0 % a hacerlo al 2 % entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, la mitad del tipo habitual del 4 % que soportaban antes de la bonificación. Por su parte, al aceite de semillas y a la pasta se les aplicará un IVA del 7,5 %.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificó que esa normalización progresiva de la fiscalidad de los alimentos a partir de otoño responde a las exigencias de la Comisión Europea, que reclama una retirada gradual de las medidas de apoyo a las familias adoptadas tras la pandemia y la guerra en Ucrania. De hecho, en el último documento de actualización de previsiones remitido a Bruselas a finales de abril, el Ejecutivo se comprometía a revertir la rebaja del IVA a los alimentos a partir de julio, una medida que ahora ha decidido aplazar tres meses.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, justificó la prórroga en que los precios de los alimentos siguen «significativamente por encima» de la inflación general, y en que hay productos concretos, como el aceite de oliva, que están «encareciendo el conjunto de la cesta de la compra de las familias».
¿Y por qué dejar ya cerrada la subida fiscal a partir del otoño? Porque, según Montero, la inflación se normalizará en el último trimestre del año, especialmente en el capítulo de la cesta de la compra. Si se cumple ese escenario, tras el período transitorio establecido entre octubre y diciembre, en enero el IVA de los alimentos volvería a los tipos habituales: el 4 % para leche, huevos, pan, queso, patatas, cereales, fruta y verduras y el 10 % para la pasta y los aceites de girasol y otras semillas. El único que cambiaría de tramo es el aceite de oliva, que hasta ahora tributa al 10 % y, al pasar a considerarse alimento básico, en enero pasaría a soportar un tipo superreducido del 4 %.
En cuanto a si se trasladará al precio de los alimentos la rebaja del IVA, la ministra de Hacienda aseguró que el Gobierno está «vigilante», pero recordó que, ya con las anteriores bajadas, los organismos reguladores, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, concluyeron que sí se había repercutido la rebaja fiscal a las etiquetas de los lineales.
Petición del sector pesquero
La extensión del IVA a los alimentos básicos no contentó a todos los agentes económicos. Así, las organizaciones del sector pesquero y acuícola volvieron a mostrar su malestar por la exclusión del pescado (al igual que la carne) del listado de productos que disfrutan de la exención fiscal, y anunciaron que volverán a reclamar que se les aplique un tipo 0. Además, van a solicitar al Gobierno que explique y argumente la razón de su decisión y si esta «está fundamentada en recaudar a cambio del empobrecer la dieta de los ciudadanos», señalaron en un comunicado, en el que recordaron que en países como Irlanda, Malta y el Reino Unido, los productos del mar tienen un IVA cero de forma permanente.
Quienes ingresen el salario mínimo no pagarán IRPF y hasta 22.000 euros se tributará menos
En materia de fiscalidad, el Gobierno también introduce un cambio en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que hará que las personas con ingresos inferiores a 15.876 euros anuales —el equivalente al salario mínimo interprofesional para este ejercicio— no tengan que presentar declaración de la renta ni pagar este tributo, por el que ya no se les estaban aplicando retenciones en la nómina.
La medida beneficiará, aunque en menor cuantía, a los contribuyentes con ingresos inferiores a los 22.000 euros anuales (unos 5,2 millones de personas), que verán rebajada su factura en el IRPF al elevarse la reducción máxima por rendimientos del trabajo de 6.498 euros a 7.302 euros.
Por ejemplo, un contribuyente que gane el salario mínimo (15.876 euros) el año pasado habría pagado 325 euros y con este cambio no tributará por IRPF. Y un asalariado con el sueldo más frecuente (18.502 euros) pasará de abonar 1.328 euros por el impuesto el año pasado a 1.129 euros en este ejercicio.
Montero cuantificó en 1.400 millones de euros el ahorro en el IRPF para las rentas bajas y medias y en 1.036 millones de euros el ahorro de las familias por la rebaja del IVA.
Los descuentos del bono social de la luz se reducen, pero se mantiene la tarifa regulada del gas para comunidades
Además de las rebajas fiscales, el Consejo de Ministros ha extendido también algunas medidas del conocido como escudo social, que fue articulado tras la pandemia y la guerra de Ucrania para hacer frente a la escalada de los precios de la energía, que en los últimos meses se han normalizado.
Entre las medidas prorrogadas está la prohibición de efectuar cortes de los suministros básicos de la vivienda (agua, luz y gas natural) a los consumidores vulnerables, que estará en vigor hasta finales de este ejercicio.
Seis meses más, hasta finales de junio del 2025, se prorrogarán los descuentos del bono social energético, para aliviar la factura de la luz y el gas a los consumidores vulnerables y a las familias numerosas. La intención, explicó Montero, es que los recibos sigan bonificados durante todo el invierno.
Eso sí, los descuentos tendrán menos intensidad que los actuales, y se irán reduciendo gradualmente conforme avance el calendario. Así, en la actualidad el bono social eléctrico supone una rebaja del 65 % para los consumidores vulnerables, del 80 % para los vulnerables severos y del 40 % para los hogares trabajadores con bajos ingresos.
Esos mismos porcentajes se mantendrán hasta finales de septiembre. Pero entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, el descuento en las facturas (siempre en el mercado regulado) pasará a ser del 57 % para los consumidores vulnerables y del 72,5 % para vulnerables severos. En el primer trimestre del 2025 esas cuantías se reducirán al 50 y 65 %, respectivamente. Y entre el 1 de abril y el 30 de junio pasarán al 42,5 y 57,5 %.
A partir del 1 de julio, el descuento se fijará, de forma permanente, en el 35 % para familias vulnerables y en el 50 % para vulnerables severos (diez puntos más en ambos casos que la bonificación anterior al despliegue del escudo social).
Otra medida de calado, por su impacto más generalizado, ya que afecta a todos los consumidores que viven en bloques de edificios, es que el Ejecutivo ha decidido hacer indefinida la tarifa de último recurso (TUR) de gas para las comunidades de vecinos, que podrán seguir así en el mercado regulado, con precios más baratos que el libre.
Crean un fondo de 400 millones para financiar inversiones con impacto social
El Gobierno aprobó también la creación del Fondo de Impacto Social (FIS), un instrumento financiero incluido en la adenda del plan de recuperación, y que estará dotado con 400 millones de euros. Una cuantía que se destinará a financiar inversiones que, más allá del retorno financiero, tengan un criterio social y produzcan impacto, social o medioambiental.
El fondo «estará abierto a todas las entidades y organizaciones que quieran presentar proyectos, ya sean empresas, start-ups, organizaciones sociales, fundaciones, u otros fondos de inversión», apunta el Ministerio de Inclusión.
La gestión del fondo estará a cargo de Cofides y la financiación por proyecto oscilará entre los 2 y los 50 millones de euros.