El pacto de investidura establecía la creación de una comisión de inversiones entre la Generalitat y el Gobierno del Estado
18 jun 2024 . Actualizado a las 09:31 h.El acuerdo de investidura firmado por el PSOE con ERC indica que con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, «se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico».
Para cumplir lo anterior se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, «pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario».
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el Fondo de liquidez autonómica (FLA) pueda «seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado». Esta operación, según el acuerdo, «supondrá la asunción del entorno del 20 % de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales». «Supondría unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, y un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses», se afirma en el texto.
Comisión Cataluña-Estado
Ambos partidos se comprometen a que con el fin de profundizar en el «sistema de gobernanza compartida» y de «corregir el problema de infraejecución detectado», se sistematizará «el nuevo sistema de encomiendas de gestión pactado para los Presupuestos Generales del Estado de 2023 relativo a las inversiones del Estado». Así, se consensuarán con carácter previo las operaciones a llevar a cabo en los distintos ejercicios de la XV Legislatura. A este fin, se creará una comisión de inversiones entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado».
El Estado asume el compromiso de que «la proporción de la inversión pública programada en Cataluña se ajuste a la proporción de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado, medido en términos de PIB nominal». El acuerdo incluye la creación de una comisión bilateral para llegar a un acuerdo sobre «cómo lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Catalunya y cómo asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía».