Los fiscales se plantan ante la orden de amnistiar todos los delitos del «procés»
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García Ortiz les impone el criterio de perdonar la malversación de caudales
15 jun 2024 . Actualizado a las 09:24 h.Los fiscales del procés se niegan a acatar la orden del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y mantienen su rechazo a apoyar la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. «La orden es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal», advierten los cuatro fiscales, que elevan la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala. La Junta se celebrará el próximo martes.
García Ortiz ordenó este viernes a los cuatro fiscales que informen a favor de amnistiar al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto de líderes del procés que fueron condenados e indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez. El fiscal general afirma que «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de la causa, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados». Los fiscales responden que la orden es «improcedente» y «contraria a las leyes» al no ajustarse a los criterios «más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal».
En su escrito, García Ortiz afirma que «la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña tiene por objeto la aminoración del conflicto territorial, político y social sufrido en Cataluña en torno al denominado procés independentista».
García Ortiz impone su criterio
García Ortiz rebate la tesis de la malversación de caudales públicos que defienden los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, a los que acusa de «comprometer la imparcialidad del Ministerio Fiscal». El fiscal general podrá imponer su criterio ante lo que decida la Junta de fiscales, ya que tiene siempre la última palabra.
Los fiscales advierten de que si García Ortiz mantiene la decisión de la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de malversación, solicitarán ser sustituidos en la causa «por vuestra excelencia o quien designe a tales efectos». García Ortiz y los fiscales coinciden en que los delitos de desobediencia y desórdenes públicos sí son amnistiables. Pero los fiscales se centran en la malversación y creen que hubo un «beneficio patrimonial para los autores» y sus actos afectaron «a los intereses financieros de la Unión Europea».
Sostienen que la malversación de caudales fue destinada «a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial». García Ortiz rebate ese criterio y afirma que los fiscales confunden el ánimo de lucro con el enriquecimiento personal. «Siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar» los referendos del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, «dicha conducta debe ser considerada comprendida» en la amnistía aprobada por el Gobierno, asegura en su escrito.
García Ortiz tampoco ve que la malversación afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, que es otro de los motivos al que apuntaban los fiscales. Afirma que la tesis de que la secesión de Cataluña hubiera afectado a los intereses europeos pasa por alto que, una vez lograda la independencia, podría haber alcanzado «algún concreto acuerdo económico con la UE».
El fiscal general del Estado critica además la forma en la que los fiscales rebeldes se han referido a la norma. Para García Ortiz, sobraban en su valoración argumentos ajenos a lo jurídico que dan imagen de una falta de «neutralidad» e «imparcialidad». Las afirmaciones de este tipo —afirma el fiscal general del Estado— «desbordan el plano estrictamente jurídico» para entrar en «consideraciones que no forman parte ni de los tribunales ni de la Fiscalía y por ello, resultan de todo punto improcedentes».
El jefe del ministerio público bendecirá la amnistía
Melchor Sáiz Pardo
Madrid/ Colpisa
Dado que los plazos fijados por el juez Pablo Llarena para presentar alegaciones a la aplicación de la amnistía a Puigdemont y el resto de los encausados —condenados o todavía huidos— se cumplirían mediada la próxima semana, el propio García Ortiz ya había convocado de forma preventiva, algo inédito, un pleno de la junta para el próximo martes. Una convocatoria que confirmó en cuanto los fiscales rebeldes registraron su escrito oponiéndose a las órdenes de su superior.
Según anticipan las fuentes citadas, es probable que García Ortiz se encuentre en el órgano con una mayoría de sus integrantes contraria a amnistiar el delito de malversación, en sintonía con sus compañeros del Supremo. Pero, de acuerdo con esas mismas fuentes, el fiscal general va a desatender la discrepancia interna porque va a acabar imponiendo su criterio dado que solo tiene obligación de escuchar a la junta antes de tomar una decisión. En modo alguno está obligado a seguir su dictamen, porque la Fiscalía es una institución jerárquica.
Así las cosas, tendrá que ser el propio García Ortiz u otro fiscal con suficiente categoría que designe él mismo el que estampe su rúbrica en este histórico y controvertido documento. Todo apunta a que esa persona podría ser su segunda, María de los Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y a la que el fiscal general del Estado ya ha recurrido para otras situaciones incómodas en anteriores ocasiones.
Precedente en la junta de fiscales
De hecho, en febrero, doce de los 15 asistentes a la Junta de Fiscales apreciaron delitos de terrorismo y once observaron indicios para incriminar a Puigdemont en la causa sobre Tsunami Democràtic. Una opinión que chocaba con las conclusiones del fiscal de la Audiencia Nacional y el primer informe del acusador del Supremo Álvaro Redondo, quien cambió de criterio tras una reunión con el fiscal general cuya influencia niegan ambas partes. Entonces fue Sánchez Conde la que firmó el escrito de oposición a investigar por terrorismo al líder de Junts.
El informe de García Ortiz para imponer su criterio jerárquico sobre la ejecución de la amnistía es particularmente duro con los rebeldes, a los que llega a acusar de haber redactado «informes improcedentes que comprometen la imagen de neutralidad de la Fiscalía».
En su afán por defender la legalidad de la norma, García Ortiz ataca la profesionalidad y el rigor de los fiscales del Supremo al reprobarles por, entre otras cosas, de efectuar análisis «manifiestamente incompletos» sobre la presunta inconstitucionalidad del borrado de los delitos del procés.