Las monjas de Belorado llaman a la Guardia Civil para echar a una delegación de la diócesis que quería dialogar con ellas
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El arzobispado de Burgos dice haber constantado la «nula intención de la comunidad religiosa de establecer cualquier diálogo» después de que en mayo anunciasen su renuncia a la Iglesia Católica
07 jun 2024 . Actualizado a las 13:49 h.Las monjas del monasterio de Santa Clara en Belorado (Burgos), que el pasado 13 de mayo anunciaron su renuncia a la Iglesia Católica, han llamado este jueves a la Guardia Civil para rechazar a una delegación enviada por el Comisario Pontificio que pretendía acceder al interior para dialogar con las religiosas.
En representación del Comisario Pontificio, designado por la Santa Sede y coordinado por la archidiócesis de Burgos, se han acercado este jueves al monasterio de Belorado la monja Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen las religiosas de Belorado.
La secretaria ha pretendido, sin éxito, hablar con la comunidad, formada por quince contemplativas, y establecer una línea de interlocución especialmente con las más mayores, han informado fuentes de la archidiócesis de Burgos.
Carmen Ruiz ha acudido en compañía de Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio, para comunicar a las disidentes las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de monasterios, y también de Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, para notificar todo lo relativo a la apertura del proceso canónico a que ha dado lugar esa declaración de abandono de la Iglesia Católica.
En apoyo del notario eclesiástico, la archidiócesis de Burgos había solicitado la asistencia de una notario civil, María Rosario Garrido, para cursar los requerimientos oportunos y que ha sido la única persona a la que se ha permitido acceder al interior del cenobio para cumplir con su cometido, mientras que los restantes han tenido que permanecer en el exterior.
Tras ser atendidos en el torno, han recibido la negativa de la madre abadesa, sor Isabel, a celebrar un encuentro y sólo se ha permitido el acceso a la notaria quien le ha entregado todos los requerimientos, tanto civiles como eclesiásticos.
Ante la Guardia Civil, avisada por las monjas, el apoderado del Comisario Pontificio se ha identificado antes de abandonar la zona, mientras que los agentes han practicado diligencias preventivas de lo ocurrido, para lo que se han entrevistado con las religiosas, según las mismas fuentes.
El arzobispado de Burgos, después de lo acontecido, ha constatado públicamente la «nula intención» de la comunidad religiosa «de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo».
No obstante, añade la nota difundida por el arzobispado, el Comisario Pontificio, denunciado por las monjas refractarias ante la Policía Nacional en Logroño, «mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución».
Fuentes del Arzobispado han indicado a los medios de comunicación que cada religiosa responde de sus actos, de ahí la importancia de que Iceta hable con cada una de ellas antes de firmar un decreto de excomunión que eleve a oficial algo que, de facto, ya es un hecho, pues con su comportamiento las religiosas se habrían autoexcomulgado, aseguran las fuentes.
Sin embargo, el Arzobispo tiene que darles la posibilidad de retractarse y solo cuando las religiosas se reafirmen en su decisión se firmaría el decreto de excomunión, que no se puede aplicar a un grupo completo, sino que es individual.
Por ese motivo, se mantiene abierta la vía del diálogo pese a la denuncia interpuesta por las religiosas la pasada semana contra Iceta al que acusan de abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho fundamental de libre asociación.
Desobediencia
Las monjas de los conventos de Belorado (Burgos) y de Orduña (Vizcaya) anunciaron el 14 de mayo que dejaban de prestar obediencia al papa Francisco. Aseguraban no reconocen más autoridad que la de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un cura integrista que fue excomulgado en 2019 por el entonces obispo de Bilbao y hoy titular de la archidiócesis de Burgos, Mario Iceta.
Las religiosas hacían público un largo manifiesto en el que denunciaba una «persecución», acusaban a Roma de no querer concederles «licencia de venta del convento de Derio», que es de su propiedad, y censuran que no se les permitiese «cumplir con los pagos» del monasterio de Orduña, que pretenden adquirir.
Al día siguiente, Pablo de Rojas desembarcaba en Burgos para escenificar su apoyo y unirse a las monjas de clausura. Las religiosas manifestaban entonces su temor de ser expulsadas de la orden de las clarisas y del propio monasterio de Belorado.
Las propias clarisas rompían su silencio en Instagram compartiendo una historia en su perfil.
«Paz y bien hermanos, estamos en la hospedería de San Damián, en el convento de Santa Clara de Belorado, nuestra casa. Tenemos intención de comunicaros por las preocupaciones que nos llegan, que estamos bien, que nuestra realidad no es que estemos secuestradas lejos de nuestras familias».