Portugal endurece su política de legalización de migrantes
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El Gobierno da un giro en sus normas migratorias y anula una de las principales vías para obtener el permiso de residencia
05 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Es la enésima vez que Guillerme y Virginia, brasileños, hacen cola en esta oficina del Centro Nacional de Apoyo a la Integración de Migrantes, en Oporto. Poco después de su llegada a Portugal, obtuvieron la residencia como ciudadanos de países de la CPLP (Comunidad de Países de Habla Portuguesa). Tenía validez de un año y debía haber sido prorrogado hace meses. Hoy han venido a pedir información sobre por qué no obtienen respuesta. «Parece que ahora lo extenderán un año más, en vez de dos, como estaba previsto. Y mientras tanto, no podemos firmar un contrato legal de trabajo. Lo peor es la lentitud y la falta de información», concluye Virginia.
El caso de Serguéi, ruso, es distinto. Llegó con su familia tras la invasión de Ucrania, en el 2022, con un visado de turista y con la intención de obtener la residencia. «Durante un año, no fui capaz de conseguir cita; me harté y encontré a unos “llamadores” profesionales, una mafia a la que pagas entre 200 y 500 euros por una cita», explica. Entregó los documentos requeridos para la visa de profesionales altamente cualificados y solo año y medio más tarde le solicitaron complementarlos. «Les escribo cada semana, pero no responden». Peor aún, «cada uno recibe una respuesta y explicaciones distintas; da la sensación de que es aleatorio».
Hasta unos 400.000 inmigrantes se encuentran en esta situación de incertidumbre, colas y bloqueo administrativo. Muchos de ellos, llegados con visa Schengen, formulan una «declaración de interés» y esperan durante años.
Un nuevo paradigma
Con este mar de fondo, y tras la firma del Pacto de Migraciones y Asilos, Luís Montenegro adelantó al lunes el Consejo de Ministros, en el que adoptó un paquete de 41 medidas destinadas a regular la situación migratoria. De ellas, una ya ha sido promulgada por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que espera que sea «una cuestión temporal». Se trata, precisamente, de la anulación de la «declaración de interés», lo que da un vuelco al ya característico aperturismo de Portugal con los inmigrantes desde el 2017. Ahora, aun asumiendo la necesidad de más mano de obra extranjera, Luís Montenegro pone fin a «mecanismos que se han transformado en un abuso de nuestra capacidad de acoger inmigrantes», dijo el lunes. Quien llegue debe hacerlo con un contrato de trabajo o habiendo iniciado un proceso en un consulado.
Hay otra cuestión más: el cambio de Servicio de Extranjería y Fronteras por la Agencia para la Integración de Inmigraciones y Asilo, una decisión del anterior Ejecutivo para humanizar el trato a los inmigrantes. «El SEF tenía una metodología, que cambió por completo con la AIMA. No hay información, todo cambia… y de nuevo vuelve a haber más cambios», se queja Guillerme.
Pero desde su creación, los casos se acumulan, y el Gobierno quiere recuperar algunas de las antiguas estructuras: creará una Unidad de Extranjeros y Fronteras para la Policía de Seguridad Pública, dotará de más recursos a la AIMA para agilizar los procesos y premiará a los funcionarios más productivos. Además, se dará prioridad a los miembros de la CPLP, se creará una nueva versión de visados dorados y algunas facilidades para acoger inmigrantes. Medidas que deben todavía discutirse, pero que la ultraderecha ya critica por laxas y la izquierda porque traerán más trabajo ilegal e incluso tráfico de inmigrantes, aducen.