Más de 400 líderes y activistas del «procés» se beneficiarán de la ley de amnistía
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El Congreso aprueba este jueves de forma definitiva la medida de gracia
30 may 2024 . Actualizado a las 11:02 h.Tras meses de enconadas negociaciones, intentos de bloqueo y protestas en las calles, la ley de amnistía llega hoy al final de su periplo parlamentario. La norma sobre la que se cimienta la investidura de Pedro Sánchez, pactada con los independentistas catalanes, arrancó a primera hora de este jueves en el Congreso y quedará refrendada, si no hay sorpresas, antes del mediodía. De aquí saltará al BOE previsiblemente, tras la firma del rey. La previsión es que pueda hacerse a partir de la próxima semana, según han informado a Efe fuentes del Gobierno. En ese momento, la ley entrará en vigor y la pelota pasará a los jueces.
La segunda ley de amnistía de la democracia (la primera fue la de 1977, otras tres fueron de carácter fiscal) afecta a unas 420 personas encausadas por los tribunales a raíz del proceso independentista iniciado en el 2014 y que culminó con la declaración de independencia de octubre del 2017. Aunque tal como la han redactado el PSOE, Esquerra y Junts, la norma debería aplicarse de forma rápida, antes de dos meses, sectores de la judicatura ya han dejado claro su intención de torpedearla por las vías a su alcance, que básicamente son dos: la cuestión prejudicial ante Europa; y el recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional.
Los negociadores se han esforzado al máximo para limitar el margen de interpretación de los jueces, pero los expertos no descartan ningún escenario. «Entramos en terreno inexplorado», apuntan desde el Colegio de Abogados de Barcelona. Si un juez concluye que la amnistía no puede aplicarse a un encausado en concreto, la defensa podrá recurrir su decisión. Si duda, puede presentar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos, por ejemplo, sobre los casos de malversación del 1-O, o el terrorismo de Tsunami; o acudir al Constitucional.
En cualquier caso, la literalidad de la ley dice que quedarán sin efecto «de manera inmediata» las medidas cautelares, como la orden de detención contra Carles Puigdemont por un delito de malversación por el referendo del 1-O, que le impide volver a Cataluña sin riesgo de ser detenido. Según la ley, la suspensión del procedimiento por cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad, «no impedirá» el levantamiento de las cautelares. Si así fuera, el expresidente de la Generalitat podría asistir al pleno de investidura del Parlamento a finales de junio, tal como se comprometió en la campaña electoral.
También están pendientes de los jueces otros líderes independentistas, como Oriol Junqueras o Jordi Turull, inhabilitados por el mismo delito. ¿Cuándo dejarán de estarlo? Según la ley, los jueces tendrán que «dar por acabada la ejecución de las penas privativas de derechos» derivadas de «conductas amnistiadas». Si presentan una cuestión prejudicial a Europa, ¿qué pasaría con una sentencia firme? ¿Se podría levantar la inhabilitación si la amnistía no se ha aplicado aún? En Junts creen que sí; pero en ERC son más prudentes y estiman que la decisión se alargará unos meses, a la espera de lo que diga Europa. Según la asociación secesionista Alerta Solidària, el número de manifestantes y activistas amnistiables se eleva a 419, excluidos políticos, miembros de la administración o trabajadores públicos. En total, hasta 1.168 activistas han sufrido algún tipo de diligencia judicial, de los que 571 siguen en instrucción o se ha dictado apertura de juicio oral. Otros 152 han sido absueltos.