La amnistía vuelve al Congreso en medio de las dudas sobre su aplicación

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. EDUARDO PARRA

La norma será aprobada el próximo jueves con una mayoría de 178 diputados

28 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.

El PSOE y Junts ven por fin cómo la ley de amnistía llega este jueves al Congreso. La primera amnistía que saldrá adelante desde la aprobación de la Constitución contará previsiblemente con el voto a favor del PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Podemos, BNG y el del exministro socialista José Luis Ábalos. Una suma de siglas que alcanza los 178 votos a favor, dos por encima de la mayoría absoluta de 176 diputados. El Congreso levantará así el veto a la norma en el Senado, en donde el PP la ha retenido durante dos meses tras solicitar un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otro a la Comisión de Venecia.

La ley llega a su momento decisivo en medio de las dudas sobre su aplicación por parte de los tribunales que instruyen causas relacionadas con los cientos de encausados por el procés y por los hechos violentos ocurridos tras la publicación de la sentencia contra los principales líderes independentistas. De cómo interpreten esa ley los jueces depende que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda regresar a España o que el expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras vea levantada su condena de inhabilitación para ejercer un cargo público.

Tanto Junts como ERC temen que la interpretación de los jueces impida la aplicación definitiva de la ley de amnistía. PSOE Junts y ERC han ido aprobando diferentes cambios en la redacción de la norma con el fin de evitar cualquier posibilidad de que los jueces no la apliquen de inmediato. 

Dilación en el Supremo

El principal temor es el de que el Tribunal Supremo opte por paralizar esa aplicación de la amnistía mediante una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que tendría la última palabra para decidir si los delitos de terrorismo, por el que está encausado entre otros el propio Puigdemont, y el de malversación, por el que fue condenado Junqueras, son susceptibles de ser borrados por una ley de amnistía.

El Supremo podría optar también por dirigirse al Tribunal Constitucional, lo que impediría la aplicación de la norma a los encausados mientras se resuelve esa duda jurídica. Algo que podría retrasar durante meses e incluso años el perdón a Puigdemont y Junqueras. Entre los intentos de los redactores de la norma de que la ley sea de aplicación inmediata en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) está el que la ley contemple una tramitación preferente y urgente y precise que se deberá aplicar en todos los casos, al margen de cuál sea el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable del que se trate. El plazo máximo para que esas decisiones se adopten es de dos meses, pero existe la posibilidad de que esos tiempos se dilaten considerablemente.

Al margen de la peripecia judicial de la ley, está la batalla política entre ERC y Junts por atribuirse el mérito de que la norma fuera aprobada. La portavoz de ERC, Raquel Sans, subrayó este lunes que lograr la amnistía «ha costado sudor y lágrimas» y es fruto de «un trabajo que viene de lejos». Sans recordó la oposición inicial del PSOE a esta medida y cómo Junts apostaba por «la confrontación» en vez de la vía negociadora con el Gobierno.