Europêche aplaude la «nueva fase decisiva» en los Veintisiete para «sostener el empleo digno y defender los derechos fundamentales dentro del sector»
24 mar 2024 . Actualizado a las 17:27 h.La Eurocámara y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo provisional para aplicar nuevas normas que prohíben en la UE los productos obtenidos con trabajos forzados. Según el pacto en ciernes, se investigará toda la sospecha de uso de mano de obra esclava y, si se demuestra la veracidad de la denuncia, se retirarán del mercado los productos y no regresarán hasta que se proporcionen garantías de que se ha eliminado el trabajo forzoso, ya no solo en su fabricación, sino de toda la cadena de suministro.
La Comisión elaborará una lista de sectores económicos específicos en áreas geográficas concretas en las que existe trabajo forzoso impuesto por el Estado. Se convertirá entonces en un criterio para evaluar la necesidad de abrir una investigación. El Ejecutivo comunitario también puede identificar productos o grupos de productos para los cuales los importadores y exportadores tendrán que presentar detalles adicionales a las aduanas de la UE, como información sobre el fabricante y los proveedores.
Europêche y Cepesca
Asimismo, se crearía un nuevo portal único sobre trabajo esclavo para ayudar a hacer cumplir las nuevas reglas. Incluye directrices, información sobre prohibiciones, una base de datos de áreas y sectores de riesgo, así como evidencia disponible públicamente y un portal de denuncia de irregularidades.
Aunque ni Parlamento ni Consejo citan sectores afectados, el del mar se ha dado por aludido. La patronal pesquera comunitaria, Europêche, en la que está integrada la española Cepesca, ha celebrado el pacto para cerrar el mercado a productos conseguidos con violaciones de los derechos humanos y de los trabajadores, y confía en una rápida incorporación a la normativa para prohibir efectivamente el comercio de productos pesqueros de países señalados como sospechosos de explotar a trabajadores.
Según datos facilitados por el Consejo de la UE, a los que se remite Europêche, aproximadamente 27,6 millones de personas soportan condiciones de trabajo forzoso en numerosas industrias y en todos los continentes.
La normativa en ciernes para blindarse contra el trabajo esclavo, en combinación con la desplegada para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) y las disposiciones del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevan a la UE a una «nueva fase decisiva» para «sostener el empleo digno y defender los derechos fundamentales dentro del sector pesquero en todo el mundo», apunta Daniel Voces, director general de Europêche.
China, bajo sospecha
De hecho, la flota europea tiende la mano a la Comisión y a los Estados miembros «en sus esfuerzos por combatir el trabajo forzoso cuando y donde sea necesario», dado que «el nuevo reglamento ofrecerá a los consumidores europeos una confianza aún mayor a la hora de comprar productos de origen ético y sostenible», añadió.
Mientras, desde la patronal española Cepesca recuerdan que en el 2023 España importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de aranceles, de las que el 79 % procedía de China, «país reconocido internacionalmente por practicar pesca IUU», expone en un comunicado. Y recuerda que el 70 % del pescado consumido en la UE proviene del exterior, en buena parte de origen asiático. El acuerdo de Consejo y Parlamento establece también criterios explícitos para guiar tanto a la Comisión como a las autoridades nacionales competentes a la hora de evaluar la probabilidad de violaciones de este reglamento, incluida la escala y gravedad del trabajo forzoso del que se sospecha. Este enfoque cuenta con el firme apoyo de Europêche.
La Comisión dirigirá las investigaciones fuera del territorio de la UE, mientras que dentro del ámbito nacional de los Veintisiete, competerán al Estado.