Aragonès aspira a la soberanía fiscal plena como «hito en la resolución del conflicto catalán»

Todo tiene su precio y la espiral inflacionista también encarece la pacificación de Cataluña, que ya vale una ley de amnistía, 52.000 millones de euros anuales y un referendo de autodeterminación. El presidente de la Generalitat y líder republicano, Pere Aragonès, aspira a que el as que se sacó de la manga este martes, en plena precampaña de las elecciones autonómicas del 12 de mayo —exigir una soberanía fiscal plena que le permita recaudar y gestionar el 100 % de los impuestos—, sea un «hito en la resolución del conflicto catalán». Así lo aseguró ayer durante un almuerzo informativo organizado por Europa Press en Madrid, donde presentó este sistema, que «ya existe en el País Vasco y Navarra», recordó, y que quiere convertir en la base de una nueva relación bilateral con el Gobierno central.

Aragonès, que auguró que el Ejecutivo de Sánchez tacharía de imposible esta «financiación singular», les recordó a los socialistas que «están obligados a negociar» tras su acuerdo de investidura con ERC. «En Cataluña no entendemos de imposibles, hay muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles y que hoy son realidad», dijo, en referencia a la medida de gracia al procés, y tras advertir que quedan tres años de legislatura y que «serán muchas las votaciones en las que serán necesarios nuestros votos».

Solidaridad, pero «limitada»

El republicano aclaró que el concierto catalán incluirá un fondo de solidaridad interterritorial, pero que este estará «sometido a unos objetivos y limitado en el tiempo» para revertir el «déficit fiscal que sufren los ciudadanos de Cataluña». De hecho, recomendó a la Administración General del Estado «adelgazar» para compensar la contribución que dejaría de hacer la parte catalana.

También sostuvo que solo aceptará una negociación bilateral con el Gobierno central. Quiere Aragonès evitar el «circo» montado por populares y socialistas en el Congreso y «ser rehén de esta guerra». Una negociación multilateral supondría dejar la financiación de Cataluña «en manos de esta guerra dialéctica, de tirarse bolsas de basura», remarcó el candidato de ERC, para quien «lo que está más roto de todo es España», no Cataluña, ironizó.

Respeto por el «modelo vasco»

El Ejecutivo central, los socialistas catalanes, varios gobiernos autonómicos e incluso el PNV mostraron su rechazo a la propuesta de Aragonès. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, insistió en la voluntad de aprobar un modelo de financiación «para todas las comunidades autónomas» que garantice los servicios para todos los ciudadanos «vivan donde vivan», mientras el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, calificó de «sospechoso» que el republicano no citara esta medida hace una semana cuando tramitaba los presupuestos catalanes.

Los socialistas tacharon de «oportunista» esta propuesta, con la que consideran que ERC quiere entrar en campaña y marcar perfil frente al candidato del PSC, Salvador Illa, que encabeza la mayoría de las encuestas.

El candidato del PNV a lendakari, Imanol Pradales, le pidió a Aragonès que «respete» el modelo vasco, le reprochó que hubiera sugerido que este es «insolidario» y le recordó que es un mecanismo de «riesgo unilateral».

Las críticas a la propuesta llegaron también de varios presidentes autonómicos. El Gobierno murciano la tildó de «barbaridad, insolidaria e inconstitucional»; el castellanomanchego, de «injusta y egoísta»; el andaluz, de «disparate»; y el canario, de «ocurrencia». El madrileño reclamó un modelo de financiación sin «chantajes» ni «peajes de ningún partido independentista»; el asturiano denunció que «rompe con el acuerdo multilateral y la solidaridad entre españoles»; y el valenciano dijo que solo oculta «un canje de votos». Vox definió como un peligro «que el separatismo gestione más dinero». Solo EH Bildu aseguró entender la propuesta de financiación singular catalana porque «es mucho mejor».

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