La quimera imposible de un cupo catalán similar al vasco
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De prosperar, detraería 20.000 millones de euros de la financiación común
21 mar 2024 . Actualizado a las 14:27 h.El órdago fiscal lanzado por la Generalitat al Gobierno central supone enmendar el modelo de financiación vigente con un traje a medida para Cataluña inspirado en el modelo vasco, que viene desde los fueros, y que supone una anomalía en el panorama comparado: no hay ningún Estado descentralizado del mundo con un caso parecido, donde una parte del territorio recaude los impuestos aportando luego una pequeña cantidad a la caja común para compensar los gastos del Gobierno central en políticas activas de empleo o en materia de dependencia. Expertos en materia fiscal apuntan a que el País Vasco y Navarra deberían contribuir con mucho más dinero para compensar.
¿En qué se asemeja la propuesta al cupo vasco?
En que pretende quedarse con el 100 % de los impuestos que se recaudan en el territorio, lo que supondría ingresar unos 52.000 millones de euros, algo más del doble de lo que recibe ahora con el vigente modelo de financiación; un marco que no se renueva desde el año 2009, y que es el que los empresarios catalanes quieren revisar para introducir mejoras. La propuesta de Aragonés se basa en un modelo de soberanía fiscal plena, lo que implicaría la asunción, por parte de la Generalitat, de la gestión y recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña al margen de los tributos locales. Esto incluiría a las grandes figuras tributarias como el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los impuestos especiales. Lo que pretende Cataluña, como el País Vasco, es hacerse con la llave de la caja para luego negociar con una posición de fuerza y decidir qué es lo que transfiere al poder central.
¿En qué se diferencia?
La clave del sistema propuesto por Aragonés es la cuantificación de la transferencia al Estado —el cupo catalán— y del fondo de reequilibrio que se acordaría conjuntamente entre la Generalitat y el Gobierno del Estado. El fondo de equilibrio territorial no existe en el País Vasco. De momento, la Generalitat no ha puesto cifras, lo que impide evaluar el impacto que tendría, pero de adoptarse un modelo similar al vasco, hipótesis bastante improbable, la financiación común del conjunto de comunidades perdería una cifra cercana a los 20.000 millones de euros, lo que resulta inviable para el mantenimiento de la solidaridad interterritorial.
¿Qué esgrime Cataluña?
El actual sistema de financiación autonómica es para la Generalitat una anomalía, porque considera que no se respeta el orden de los territorios que más contribuyen —Cataluña es el tercero que más aporta y, después, se queda en la posición 10 de recursos recibidos por habitante— y porque, según la Generalitat, el Gobierno central se ha quedado el grueso del crecimiento de los ingresos fiscales en detrimento de las comunidades. El presidente Pere Aragonés sí ha aclarado que la contribución de Cataluña al fondo de solidaridad interterritorial una vez se acepte su propuesta de financiación propia será temporal y ha propuesto que para compensar la contribución que se dejará de hacer por parte catalana se proceda a adelgazar la Administración General del Estado.
¿Qué dice la Xunta?
El Ejecutivo gallego advierte de que el Gobierno central debe aparcar la negociación bilateral con Cataluña y atender las necesidades del conjunto, porque Galicia precisa mejoras en el modelo que le permitan atender con más recursos dos de sus singularidades: el envejecimiento demográfico y la dispersión poblacional, dos variables que disparan el gasto público.
¿Qué singulariza el modelo actual?
Instrumento clave a través del cual las comunidades costean la sanidad, la educación y los servicios sociales de forma equitativa, el actual sistema de financiación es el auténtico soporte de una España descentralizada. El modelo por el que se distribuyen las cantidades es opaco y confuso y ha sido remendado con parches para atender injusticias históricas o compensar algunas reclamaciones políticas. En esto existe un amplio consenso entre los académicos. Las comunidades recelan entre sí y están en constante pugna con el Estado. E incluso hay autonomías que plantean revisar el concierto vasco, no eliminarlo. El objetivo sería, según ellas, que los territorios forales participasen en los mecanismos de solidaridad del sistema.