Sánchez pide confianza en que la ley de amnistía será beneficiosa para España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este viernes confianza a los españoles sobre los efectos benéficos de ley de amnistía pactada entre el PSOE, Junts y ERC y afirmó que «hay Gobierno para rato» en esta legislatura, «le pese a quien le pese». «Pido a la ciudadanía española que pueda ver con dudas la amnistía, como pudo ver con dudas los indultos hace años, que confíe en esta medida porque va a ser beneficiosa para la reconciliación y para garantizar la prosperidad económica en nuestro país en los próximos años», afirmó durante una rueda de prensa junto al presidente de Chile, Gabriel Boric, en el curso de su visita oficial al país.

Sánchez vinculó los cambios introducidos en la norma a las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia. Sin embargo, el presidente del Gobierno obvió que la Comisión de Venecia cuestionó la vía de urgencia utilizada para aprobar la ley y aconsejó también que una norma con tanto impacto en la sociedad debería ser aprobada por una mayoría cualificada del Congreso, y no solo por mayoría absoluta. La Comisión llega a plantear incluso que sería preferible que la norma se aprobara mediante una reforma de la Constitución.

Sánchez dijo que los cambios introducidos no merman la constitucionalidad de la ley. «La ley entró constitucional y saldrá constitucional, acorde al derecho europeo», aseguró. Y recalcó que «no hay objetivo más noble para el Gobierno que contribuir a la reconciliación».

Negociar ya los Presupuestos

Sánchez no cree que las exigencias de Junts para apoyar ahora la ley de Presupuestos pongan en peligro su mandato. «Lo siento mucho por la oposición. Van a ser cuatro años más de Gobierno progresista, le pese a quien le pese. Se la hará largo a la oposición, pero así es la democracia» sostuvo, asegurando que una vez aprobada la ley de amnistía, que el pleno del Congreso votará el jueves, va a continuar la negociación con los partidos que apoyaron su investidura para que los Presupuestos de 2024 sean aprobados «cuanto antes». «Los españoles hablaron el pasado 23 de julio y eligieron un Gobierno progresista y no un gobierno de coalición, en mi opinión reaccionario, entre PP y Vox», afirmó.

«La tarea de un Gobierno no es polarizar o confrontar, sino llamar a la reconciliación y la construcción de convivencia», y eso es lo que se está haciendo con la ley de amnistía, dijo Sánchez, que añadió que con el acuerdo entre PSOE, Junts y ERC se superan «las consecuencias judiciales que desde 2017 viene arrastrando la política y la sociedad española». Destacó en este sentido que «aún hoy» las preguntas de la prensa española «tienen que ver con una crisis del año 2017, cuando yo no era presidente del Gobierno». Lamentó por ello, «la energía que despilfarramos al hablar de una crisis de entonces en lugar de hablar de las crisis del mundo» como la guerra en Gaza o la de Ucrania, o de «los problemas reales de España» como el trabajo o la sequía.

En referencia a la situación en Cataluña, se mostró sorprendido de que «los responsables de esta crisis, como lo fue el PP, no se sientan interpelados, sino que incluso se sientan ajenos a una crisis que ellos contribuyeron a alimentar y desarrollar».

Las consultas a la UE amenazan la aplicación de la ley

Las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales ante la justicia europea por la ley de amnistía amenazan con paralizar su aplicación, aunque las órdenes de detención quedarán sin efecto y las causas abiertas por el procés en suspenso una vez la ley entre en vigor, previsiblemente a finales de mayo. Fuentes jurídicas consultadas por Efe dan por hecho que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tienen en sus manos las principales causas contra los líderes independentistas, no tardarán en elevar sus dudas sobre la amnistía al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa (TJUE), a través de cuestiones prejudiciales.

Es probable que a esas consultas se sumen las de otros tribunales de menor rango que llevan causas vinculadas con el procés —muchos jueces están a la espera de que sea el Supremo el que mueva ficha con la amnistía—, pero aún así los independentistas confían en que antes del verano se pueda aplicar la ley a algún encausado, no de los implicados en los casos mediáticos.

La ley de amnistía podría entrar en vigor a finales del próximo mes de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas. Primero tendrá que superar un tortuoso trámite en el Senado, donde el PP, con mayoría absoluta, ha anunciado su intención de ralentizar la aprobación de la ley por considerarla inconstitucional, aunque como mucho podrá dilatar la norma unos dos meses.

La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, desde entonces, los tribunales deberán aplicarla con carácter «preferente y urgente» en un plazo máximo de dos meses.

Suspensión inmediata

La entrada en vigor comportará que queden sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, tanto nacionales como internacionales, y el alzamiento de las medidas cautelares que pesen sobre los amnistiables, incluso en los casos en que se presenten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley.

La justicia europea tendrá que pronunciarse sobre la ley de amnistía si, como todo apunta, los tribunales españoles elevan cuestiones prejudiciales para determinar si la norma encaja en el derecho de la UE, especialmente en los dos delitos amnistiables que suscitan más dudas: el terrorismo y la malversación.

La cuestión prejudicial implica la suspensión inmediata de la aplicación de la ley de amnistía —aunque solo en el caso concreto que haya suscitado las dudas del tribunal—, pero al mismo tiempo ata de manos a los jueces que la planteen, que no podrán seguir practicando diligencias en relación con el procedimiento en curso. El cruce de la ley con las cuestiones prejudiciales puede propiciar una suerte de limbo legal para los amnistiables.

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