Terrorismo y alta traición, los últimos escollos de Junts para la ley de amnistía
ACTUALIDAD · Exclusivo suscriptores
La portavoz del PSOE insiste en que no habrá cambios sustanciales en la ley y alude a un «período de reflexión» desde que el 30 de enero los posconvergentes votaran en contra de la medida de gracia en el Congreso
05 mar 2024 . Actualizado a las 20:20 h.El PSOE confía en sacar adelante la ley de amnistía. Así lo afirma la portavoz de la ejecutivo socialista, Esther Peña. Junts bloqueó, con el voto negativo de sus siete diputados, su aprobación en el Pleno del Congreso del 30 de enero. Los posconvergentes piden que se incluya en la medida de gracia dos delitos: alta traición y terrorismo.
Junts está solo en este pulso. ERC validó la ley aquel 30 de enero y advierte a su rival teórico en las elecciones catalanas del 2025 que incluir estos delitos es, básicamente, entrar en una «zona de riesgo». Los republicanos tienen a algunos miembros imputados por estas causas —por terrorismo en el proceso de Tsunami Democràtic y en alta traición por el caso Volhov—, pero les preocupa que, de incluirse estos delitos, el Tribunal Constitucional pueda anular la ley de amnistía.
El juez del Juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prorrogó seis meses la instrucción del caso Volhov, que investiga las conexiones de miembros del independentismo catalán con Rusia. En su auto, Aguirre relató que el Kremlin ofreció apoyo «económico y militar» a Puigdemont y personas de su entorno para lograr la independencia de Cataluña.
El artículo 581 del Código Penal condena a penas de prisión de 15 a 20 años «al español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin». Un delito de alta traición que, con la prórroga del período de instrucción del caso Volhov, llena de incertidumbre la validez constitucional de la amnistía.
El delito de terrorismo es el otro aspecto que forzó la negativa de Junts. Y más después de que, el pasado 29 de febrero, el Supremo aceptara el requerimiento de Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, para que tanto Puigdemont, aforado como eurodiputado, como Ruben Wagensberg. diputado autonómico en Cataluña, sean imputados por terrorismo por su papel en la estructura de Tsunami Democràtic. García-Castellón incide en que los altercados en el aeropuerto del Prat, tras la sentencia del procés del 2019, son susceptibles de ser considerados terrorismo. La Sala de lo Penal del Supremo aceptó por unanimidad la tesis de García-Castellón, que asegura que Puigdemont tuvo un «protagonismo absoluto» en la organización de Tsunami.
La ley de amnistía, incluya o no estos dos delitos, pasará previsiblemente el trámite de la comisión de Justicia. Su aprobación en el Congreso, en un Pleno todavía sin fecha estipulada, depende de un Junts que guarda silencio. El PSOE se aferra a un «período de reflexión» en el partido de Puigdemont, pero insiste en que no aceptará estas modificaciones.