Junts se enroca para blindar a Puigdemont frente a acusaciones de terrorismo y traición
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Busca una coraza para su líder ante los procesos judiciales que vetasen su perdón
05 feb 2024 . Actualizado a las 13:23 h.La ley que no fue. Ese es el resumen de la proposición de ley planteada por el PSOE el 13 de noviembre del 2023 para amnistiar a los condenados y procesados por el desafío independentista catalán al Estado, en aras de «promover la convivencia y solucionar el conflicto catalán». Los socialistas redactaron su texto, en teoría pactado con las fuerzas independentistas. Pero Junts y ERC no pusieron la firma en la proposición, así que la autoría de la misma quedó únicamente para el PSOE. Tanto el partido de Carles Puigdemont, el más interesado en ser perdonado para que pueda volver a España, como el de Oriol Junqueras, tensaron tanto la cuerda en sus exigencias, en especial el primero, que el martes cosechó un clamoroso rechazo de los diputados socialistas a sus enmiendas.
terrorismo y traición
Proteger a Puigdemont. El texto de Junts recogía que la medida de gracia incluyese los delitos de terrorismo sin excepción, pues el tramitado deja al margen aquellos que «hayan causado violaciones graves de derechos humanos». En concreto, la redacción del PSOE dice que quedan fuera de la amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre y cuando «vulneren los artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales». En la fase de la Comisión de Justicia, Junts y ERC lograron hacer una modificación para retirar la excepción de «sentencia firme» cuando el texto del PSOE decía que se amnistiaban los casos de terrorismo vinculados al procés siempre y cuando no existiera una sentencia firme.
Junts quería incluir el delito de alta traición para evitar que Puigdemont pudiese quedar al margen del perdón en caso de ser juzgado por ese ilícito junto con el de terrorismo como buscan los jueces encargados de los casos Tsunami y Voloh (la trama rusa del procés). Los posconvergentes justificaron su voto en contra de la proposición del PSOE porque «una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos».
ERC llegó a pedirle a Junts que no arriesgase y aprobase la ley sin «caer en la trampa» de jueces «prevaricadores». Aludía al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que lleva la instrucción del caso Tsunami y que quiere que el Supremo juzgue a Puigdemont por terrorismo (amparándose en las agresiones a los policías en los disturbios de octubre del 2019 y a la toma de estructuras básicas del Estado como el aeropuerto de El Prat). Y al juez de instrucción de Barcelona Joaquín Aguirre, quien en el caso Voloh abrió la puerta a imputar al expresidente catalán por alta traición —por la negociación con una potencia extranjera, Rusia, en contra del Estado—, competencia que recae en la Audiencia Nacional.
Los socialistas dijeron no a Junts y a sus modificaciones porque respaldan, dicen, la solidez de una norma que requiere seguridad jurídica y que «no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce», en alusión a los prolíficos autos judiciales. Las enmiendas clave de Junts buscaban también amnistiar los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional, lo que no aceptó el PSOE.
período
Tiempo amnistiable. Junts planteaba adelantar dos meses el período de la amnistía para que comenzase el 1 de noviembre del 2011, y proponía, sin citarlo, luchar contra el lawfare. Su intención era el perdón para las acciones «atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito».
tortura
Contra las fuerzas de seguridad. Las enmiendas de ERC también decayeron. Además de incluir el terrorismo, pedía excluir de la amnistía todos los delitos de tortura, independientemente de su gravedad, lo que podía perjudicar a lo policías investigados por las cargas del 1-O. Aún así, los republicanos manifestaron que era «una buena ley» y que es «el máximo de robusta posible» desde el punto de vista legislativo. Daba cobertura «a todas las personas que participaron en las consultas del 9N, en la organización del 1-O» y en las protestas posteriores contra la sentencia.
La ley de amnistía volverá a la Comisión de Justicia del Congreso
Todavía no está todo visto en lo que se refiere a la ley de amnistía. Hay una segunda oportunidad. El texto de la proposición que se atragantó en el Congreso volverá ahora a la Comisión de Justicia. Allí hay la posibilidad de negociar cambios durante un mes, aunque este plazo podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja.
Las negociaciones, hasta ahora infructuosas, de Junts y el PSOE, no se han interrumpido y ambos sabían que todavía la ley no está muerta. Solo anestesiada. Aunque ERC es pesimista y considera que Junts se ha metido en un callejón y que se verá obligado a dar marcha atrás en la Comisión de Justicia, porque el PSOE ha ido al límite y no puede aceptar más cambios, ahora se abrirá un nuevo debate de enmiendas parciales en la Comisión de Justicia.
En cualquiera de los casos, Junts tiene interés en que la ley no decaiga y aunque se esmerará en sacar algo más en su beneficio, también es conocedor de que esta opción de retornar el texto al paso previo al Pleno del Congreso solo puede ejercerse una vez. Así, si esa proposición volviese de nuevo al Pleno desde la comisión y fuese votada y fracasase por segunda vez al no obtener mayoría absoluta, decaería definitivamente.
De ser aprobada, la ley de amnistía pasaría entonces al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. La Cámara Alta no puede en ningún caso vetar una ley del Congreso, pero sí tiene capacidad para dilatar su tramitación. En el caso de una propuesta que llegase calificada con el procedimiento de urgencia debía ser debatida y aprobada o devuelta en 20 días. El PP, sin embargo, cambió el reglamento para que fuera el propio Senado el que calificase si la tramitación era o no urgente, lo que podría hacer que los trámites de la amnistía se extendiesen durante más tiempo, hasta un máximo de dos meses.
Pasados los dos meses naturales, el Senado devolvería al Congreso la ley de amnistía y ahí solo quedaría que la Cámara Baja revalidase el texto. En el Congreso ya solo se podrán modificar las enmiendas que hayan surgido del propio Senado, pero no retocar el texto de la ley. El último trámite es su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor y poder ser aplicada por los jueces.