Dos enmiendas blindan el perdón a los CDR y Tsunami Democràtic
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El órgano judicial deberá levantar las medidas cautelares, condenas de prisión y multas
24 ene 2024 . Actualizado a las 05:00 h.No dejar a nadie atrás es un lema militar que ordena no abandonar a ningún soldado a merced del enemigo. Un perdón integral e inmediato, que incluya a todos los implicados en el procés, sin excepciones, es el objetivo de las dos enmiendas a la ley de amnistía aprobadas ayer y que blindan a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a diez encausados por los disturbios de Tsunami Democràtic, entre los que se hallan el expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont —huido a Waterloo, podrá volver a España cuando entre en vigor la norma—, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Este blindaje in extremis pretende evitar que el Poder Judicial «torpedee» la medida de gracia, según explicó este martes la portavoz de los republicanos, Pilar Vallugera.
Delitos amnistiables
Los relacionados con el «procés», con una sola excepción. La modificación del apartado d del artículo 2 de la proposición de ley excluye de la amnistía los delitos de terrorismo «siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos». Si no es así y no se han producido asesinatos ni torturas ni tratos inhumanos y degradantes, los delitos por terrorismo serán amnistiados, incluso aunque exista una sentencia firme. Entre los delitos enjuiciados durante una década de procés constan también la usurpación de bienes públicos, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación.
Aplicación de la ley
El órgano judicial que tenga conocimiento de la causa. El encargado de aplicar la ley y decidir si los delitos son de terrorismo y si suponen una vulneración grave de los derechos humanos que los excluyen de la amnistía será el órgano judicial que tenga conocimiento de la causa.
Sin medidas cautelares
Ni prisión ni multas ni órdenes de búsqueda y captura. La enmienda al artículo 4 de la proposición de ley, relativo a los efectos sobre la responsabilidad penal, establece que, tras su entrada en vigor, el magistrado deberá ordenar «la inmediata puesta en libertad» de las personas beneficiarias de la medida de gracia que estén cumpliendo condena o en prisión provisional, levantará las medidas cautelares, dejará sin efecto las órdenes de busca y captura nacionales, europeas e internacionales, y finalizará la ejecución de las penas privativas de libertad y las multas. Todo ello, pese a la eventual «suspensión del procedimiento penal por cualquier causa», como las más que probables cuestiones de inconstitucionalidad que presentarán los jueces ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Dichas consultas no impedirán la aplicación del perdón.
Personas beneficiarias
Doce CDR y diez encausados por Tsunami Democràtic. Los principales procedimientos favorecidos por estas dos enmiendas son los casos de los CDR y de Tsunami Democràtic, ambos investigados en la Audiencia Nacional por terrorismo. El primero afecta una docena de detenidos en septiembre del 2019, en el marco de la operación Judas, y que fueron imputados por delitos de pertenencia a organización terrorista y por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables. El juez instructor consideró que usaban «la violencia en su máxima expresión» para forzar «la separación de Cataluña del resto de España», y los acusó de cortes de autopistas, ocupación de edificios simbólicos, bloqueo del aeropuerto de El Prat y acciones contra infraestructuras críticas. El segundo, un movimiento de agitación callejera creado para coordinar los disturbios de otoño del 2019 en respuesta a la sentencia sobre el procés, atañe a una decena de encausados, entre los que destacan los fugados Puigdemont y Rovira. El Tribunal Supremo preguntó a la Fiscalía el pasado lunes si debe asumir la investigación de este caso por terrorismo.
Marco temporal
Desde el 1 de enero del 2012 al 13 de noviembre del 2023. El texto de la medida de gracia abarca los delitos relacionados con el procés cometidos en este período de tiempo, que ahora Junts quiere ampliar dos meses para que su marco de aplicación comience el 1 de noviembre del 2011 y blinde así las decisiones tomadas por la consejería catalana de Exteriores, donde el entonces presidente, Artur Mas, y su vicepresidenta, Joana Ortega, se encargaban de las relaciones institucionales. Una causa que sigue en el Tribunal de Cuentas.
Entre 400 y 1.400 beneficiarios
El PSOE cifró en casi 400 personas las que podrían beneficiarse de la ley de amnistía, mientras Junts elevó los favorecidos hasta 1.400. Un número que coincide con el cómputo de futuros amnistiados que hizo la asociación Òmnium Cultural.
El nuevo articulado salvaguarda a los fugados Puigdemont y Rovira, que podrán regresar a España
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ya puede ir preparando la mudanza. Huyó de España en el año 2017, se refugió en Bélgica y fijó su residencia en la localidad de Waterloo, por lo que no pudo ser juzgado por el Tribunal Supremo en la causa del procés, a diferencia de otros ex altos cargos separatistas, como el exvicepresidente Oriol Junqueras. Si la ley de amnistía entra en vigor, las enmiendas aprobadas este martes garantizarán su vuelta a España y se convertirá en uno de los principales beneficiados del perdón, dado que el texto recoge que se deben levantar todas las medidas cautelares y órdenes de búsqueda y captura y de detención —como la que pesa contra el expresidente de la Generalitat—, aunque la norma esté recurrida ante la Justicia europea y esta suspenda el procedimiento.
En una situación similar se encontraría la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que vive en Ginebra (Suiza) desde marzo del 2018.
Sobre su posible regreso, el exportavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, uno de los impulsores de la medida de gracia, consideró que «entre mayo y junio» ambos «podrían regresar a Cataluña».