Aragón, Castilla y León y Valencia se alzan contra alentar que las empresas retornen a Cataluña
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«Si me dan seguridad jurídica y se dejan de tonterías volvería», dice el presidente de Naturhouse, quien se lamenta de por qué los políticos no se preguntan qué hicieron mal
12 ene 2024 . Actualizado a las 08:52 h.La guerra autonómica está servida. La diferencia de trato a las comunidades por parte del Gobierno, en este caso para favorecer a Cataluña alentando que las empresas que se marcharon a causa del procés desde el 2017 regresen, ha provocado una rebelión en autonomías que intuyen que saldrán perjudicadas. La medida es una cesión a Junts.
Pero no solo territorios limítrofes con Cataluña como Aragón y Valencia han alzado la voz contra el mimo a la trashumancia empresarial, también patronales y empresarios como el dueño de Naturhouse, el riojano Félix Revuelta, han sacado los colores a Junts.
El partido de Puigdemont exigía que se sancionase a las empresas que salieron de Cataluña y no regresen. En la negociación con el PSOE para salvar el decreto anticrisis, este aceptó modificar la Ley de Sociedades de Capital para revertir el real decreto del PP del 2017 e incentivar la vuelta de firmas. Ese real decreto permite a las empresas cambiar su domicilio social sin el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitó la marcha de empresas tan relevantes como Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy, Cellnex y Colonial.
El primero en alzar la voz contra alentar a las empresas a su retorno fue el presidente de Valencia, Carlos Mazón. «No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses», dijo en alusión a las 974 que optaron por su comunidad. Y avanzó que podrían plantear un recurso de inconstitucionalidad. Ayer se le sumó su homólogo aragonés. Jorge Azcón llegará «hasta donde haga falta, incluyendo iniciativas judiciales, para defender los intereses de su comunidad» frente a los «chantajes de los independentistas».
El Gobierno de Castilla y León, también popular, será «muy beligerante» para defender la libertad de las 138 empresas instaladas en su territorio procedentes de Cataluña desde el 2017.
«Que no nos estorben»
Desde el Ejecutivo, el ministro de Industria, Jordi Hereu, explicó que estudian un modelo de incentivos, que sea «positivo y sin coacciones». Pues, como expresó la ministra portavoz, Pilar Alegría, es «imposible sancionar a las empresas que no quieran volver» porque hay libertad de mercado. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, puntualizó que se «reforzará la vigilancia» para evitar «ingenierías fiscales» y que las sedes sociales estén donde se desarrolla la actividad principal de cada empresa.
Sin embargo, existe malestar y preocupación en los ámbitos empresariales, que tampoco son ideológicamente coincidentes. La patronal Foment del Treball trabaja por el regreso de compañías, pero cree que esta es «la peor» manera de hacerlo, desde la imposición y sin consenso.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, argumentó que «una empresa se instala donde quiere e invierte donde le da la gana y si no se llama comunismo». Defendió que lo que en Cataluña hace falta para que vuelvan es estabilidad, normalidad y paz social. Pero también seguridad jurídica. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vivente Boluda, subrayó que «las empresas son empresas, no son ni catalanas ni valencianas, ni madrileñas ni gallegas» y defendió una «política de incentivos, no de sanciones».
El presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, por su parte, calificó de aberración la propuesta de sanciones que lanzó Junts. «Estos políticos en vez de preguntarse qué hicieron mal para que se fugaran de Barcelona, nos quieren castigar», lamentó Revuelta en Telecinco. «Yo cambié la localización de la empresa después de 50 años, es un coste económico y sentimental muy importante», relató, y añadió que para volver «a los empresarios no les hacen falta bonificaciones, necesitamos que no nos estorben y a veces los políticos estorban más que ayudan». «Si a mí mañana Cataluña me da seguridad jurídica y se deja de tonterías volvería», concluyó.
La amnistía no se podrá ejecutar hasta que sentencie la UE
Como una promesa al viento es la retirada y la propia reforma del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que Junts entendía que obstaculizaba la aplicación de la amnistía. Porque con ese texto —«El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordará la suspensión de las actuaciones» hasta que la Justicia comunitaria resuelva— o sin él nada cambia. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo admitió ayer y, por tanto, los jueces españoles podrán seguir elevando cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos y cuando lo hagan «se suspende el procedimiento concreto». En el caso de la amnistía, su aplicación.
O sea que una vez entre en vigor la ley de amnistía, los jueces pueden dirigirse al TJUE para que resuelva dudas y esos casos quedarán congelados hasta que el tribunal europeo se pronuncie, lo que implicaría dilatar la aplicación de la norma.
Aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil no recoja esa práctica es de uso común en los tribunales europeos y españoles. La base legal es el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE, apunta Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público de la Complutense, que estima que aunque el 267 no recoge expresamente el carácter suspensivo de la cuestión prejudicial «va de suyo» porque no se puede plantear una duda al TJUE para resolver el caso y al mismo tiempo finalizarlo sin la respuesta de la corte de Luxemburgo, informa Europa Press. Subraya que no se trata de una interpretación jurídica, sino de una «práctica consolidada» que se lleva aplicando en todos los Estados miembro de la UE desde los años 50. Y añade: «Por tanto, no había nada que regular porque no se necesita».
El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio por el dinero del 1-O
El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender la causa que acoge contra 35 ex altos cargos catalanes por el desvío de fondos públicos para el procés en base a la proposición de ley de amnistía, al considerar que la aprobación de esa iniciativa «no es indubitada», como tampoco los efectos que pueda tener. La consejera Elena Hernáez rechaza la petición que formularon algunos de los exdirigentes demandados, como Oriol Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolors Bassa, los tres condenados por el Supremo e indultados por el Gobierno.