El PP incluye en su enmienda a la amnistía disolver partidos que celebren referendos
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Conllevaría también una pena de entre uno y cinco años de prisión
06 ene 2024 . Actualizado a las 23:18 h.Sobre la bocina, ya que el plazo acababa en 24 minutos, el PP registró su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía. Y lo hizo con una exposición de motivos que carga contra la ley de amnistía, los indultos a políticos independentistas y la reforma del Código Penal del 2022, pero que también cumple con lo avisado por el líder de la formación, Alberto Núñez Feijoo, en su fallida sesión investidura. El PP incluye una iniciativa para dar «carta de naturaleza a nuevos tipos penales que llenen los grandes vacíos denunciados». Entre ellos, el más notorio: una reforma del artículo 547 del Código Penal —aspiran a modificar tres más, dentro de un nuevo capítulo llamado «deslealtad constitucional»— que contempla una pena de disolución para la «persona jurídica responsable» (incluidos partidos políticos) que cometan alguno de los delitos detallados en la enmienda, como convocar referendos, «cualquier forma de consulta» y declarar la independencia de una parte del territorio del Estado. Eso sí, la propuesta incluye un matiz. Los partidos afectados podrían esquivar la disolución si, antes de la apertura de un eventual juicio oral, realizaran «actos inequívocos de colaboración activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional». Dado el caso, las penas de disolución pasarían a ser condenas de seis meses a cinco años de suspensión de actividades o penas de multas del mismo tiempo.
Declarar la independencia supondría para el cargo público infractor una pena de cárcel de entre cinco y diez y años y otra de inhabilitación absoluta de entre seis a doce. El PP propone que convocar un referendo conlleve una condena menor, con un castigo de uno a cinco años de cárcel y de inhabilitación.
La enmienda a la totalidad, sin aspiraciones reales de prosperar en el Congreso, se registra después de que, el pasado 21 de noviembre, el PP rechazara en el Senado apoyar una moción de Vox que pedía ilegalizar a ERC y Junts.
El «punto de partida»
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, advirtió de que esta enmienda a la totalidad es solo «el punto de partida de una actividad social y legal».
El texto de los populares asegura que la ley de amnistía «no respeta el derecho de igualdad» y que es una «simple imposición de una minoría de políticos que delinquen». Desde el PP apostillan que la proposición de ley pretende «someter al enjuiciamiento políticos a los jueces y magistrados». Además, la formación popular incide en una contradicción del PSOE: el Ministerio de Justicia determinó que la amnistía «que se reclama desde algunos sectores independentistas» era «claramente anticonstitucional». Una afirmación registrada en el punto 35 de la propuesta de concesión de indulto a Oriol Junqueras, líder de ERC, en junio del 2021.
El debate de totalidad del Congreso será, previsiblemente, el 10 de enero. Y se llevará a cabo en el hemiciclo del Senado, ya que la Cámara Baja se encuentra en obras.
Vox propone un tipo delictivo para «quieren negocien con condenados»
Vox propuso en su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía un nuevo tipo delictivo que castigue «a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional».
La enmienda insiste en la ilegalización de los partidos separatistas que «amenacen la unidad de España y el orden constitucional», según explica Vox en una nota de prensa. «Pedimos que la gobernabilidad de España no pueda negociarse con prófugos de la justicia por delitos contra la nación», aseguró el secretario general del Grupo Parlamentario de Vox, José María Figaredo.
Endurecimiento penal
La enmienda, registrada en el Congreso como texto alternativo a la proposición de ley del PSOE, plantea para dicho tipo delictivo penas que van de seis a diez años de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años.
También propone un endurecimiento penal en los casos de ultraje a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno y la recuperación del tipo penal de sedición.