Milei anula 5.000 contratos públicos y revisará un millón de planes sociales en Argentina: «hace falta un shock de libertad y anticasta»

La Voz REDACCIÓN

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Javier Milei, en una ceremonia judía en Buenos Aires
Javier Milei, en una ceremonia judía en Buenos Aires DPA vía Europa Press

La medida afecta a los empleados que ingresaron en el último año en la administración

27 dic 2023 . Actualizado a las 19:15 h.

El Gobierno de Argentina no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año próximo y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni. También anunció que los contratos públicos dados de alta en el 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no serán renovados en el 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de noventa días.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que solo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.

Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera «irregular».

De acuerdo con el portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares). «Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero», enfatizó Adorni. El objetivo del Gobierno argentino es «transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales».

Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el aniversario de la protestas de diciembre del 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como corralito bancario, y en lo político provocaron al dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).

Milei: «Los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo»

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este martes que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.

«Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular», ha declarado en una entrevista con La Nación en la que ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se «oponen a algo que beneficia a la gente», según recoge la agencia de noticias Télam.

Milei ha considerado que quienes se oponen «no tienen conciencia de la gravedad de la situación» y ha alegado que quienes se manifiestan en contra de sus medidas «no pueden aceptar que perdieron» y que la «población eligió otra cosa».

«Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley», ha aseverado el mandatario ultraderechista, que ha apuntado a que los legisladores contrarios «no pueden morder» más sobornos.

Mientras que ha retado a sus opositores a que «intenten» desestabilizar su administración, ha aseverado que «los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo» que supongan sus medidas económicas, a pesar de que ha confirmado que a corto plazo no aumentará el salario de los empleados públicos ni beneficiará a los autónomos.

El mandatario ha manifestado que sus anuncios demuestran que su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha sido «consistente» con lo prometido y ha señalado que «no hay tiempo» y que se requiere de «un shock de libertad y anticasta» en la economía porque «la situación es realmente complicada».

El pasado fin de semana, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 argentino, a cargo de Esteban Furnari, admitió un recurso de amparo que pide la declaración de inconstitucionalidad contra el DNU, alegando que la norma implica una «desviación de poder y un abuso de derecho público».