Vanessa Mendoza, a juicio por denunciar ante la ONU que en Andorra no se permite abortar
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Todo parte de octubre del 2019, cuando la activista trasladó un informe crítico con la protección de mujeres y niñas y el efecto dañino de la actual prohibición total del aborto
04 dic 2023 . Actualizado a las 08:57 h.Vanessa Mendoza Cortés se enfrenta este lunes a un juicio por difamación tras denunciar ante Naciones Unidas en el 2019 que Andorra no permite abortar en ningún supuesto, una situación que, asegura, es posible porque el país «está gobernado por el obispo de Urgel, la misoginia y la extrema derecha». «Mujer, feminista, lesbiana y gitana», Mendoza ha asegurado que todas esas identidades «tienen mucho que ver» con el juicio que afronta ante una «teocracia parlamentaria», como define a su país, que recuerda que tiene como jefes del Estado a los copríncipes de Andorra, esto es, el obispo de Urgel, Joan-Enric Vives, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Si bien, según ha explicado a pocas horas de ir al juzgado, su denuncia la firmó el propio jefe de Gobierno, Xavier Espot, para quien este asunto, según esta psicóloga especialista en derechos reproductivos y sexuales, «ya se ha convertido en algo personal».
Todo parte de octubre del 2019, cuando la activista de la asociación Stop Violències participó en la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, donde se llevaba a cabo el examen periódico de Andorra ante el Comité de Naciones Unidas, y trasladó un informe crítico con la protección de mujeres y niñas y el efecto dañino de la actual prohibición total del aborto.
«En Andorra, si violan a una niña, te dicen que no puede abortar», llama la atención Mendoza, quien denuncia que la realidad es que las mujeres tienen que viajar a Cataluña para interrumpir el embarazo y, según el estado gestacional, desembolsar entre 300 y 8.000 euros. Oenegés como Amnistía Internacional han mostrado su apoyo a Mendoza y han reprobado la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Andorra, al igual que hizo el Consejo de Europa.
La comisaria de derechos humanos de la institución, Dunja Mijatovic, ha criticado con dureza el proceso contra Mendoza, que, a su entender, restringe la libertad de expresión de la activista y de otras personas que defiendan causas similares. Por ello, Mijatovic exige a las autoridades andorranas que tomen «las medidas necesarias» para garantizar la defensa de los derechos de las mujeres en el país. Al preguntarle a la activista sobre cómo puede ser que la legislación sea tan dispar en un país que comparte frontera con dos Estados de la Unión Europea, se muestra pesimista sobre que la situación pueda cambiar «mientras gobierne un obispo».
«Compartimos idioma con Cataluña, pero no tenemos los mismos derechos. Somos vuestro Marina d’Or. La gente pasa el fin de semana, pero no abre un periódico y ve cómo vivimos», lamenta Mendoza, quien añade: «Vosotros venís a comprar perfumes a Andorra, y nosotros bajamos a comprar derechos como el del aborto».
Por su juicio de difamación, que en un primer momento acarreó cargos que conllevaban prisión, aunque estos ya cayeron de las peticiones de la Fiscalía, se enfrenta a una multa de 6.000 euros, una indemnización de 6.000 euros más, además de seis meses de inhabilitación. La percha judicial es un artículo del Código Penal andorrano, que castiga a quien, «con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, realice públicamente imputaciones relativas a la actuación del Consejo General o el Gobierno».