Sánchez asume el verificador, «por la desconfianza de Junts», y el «lawfare»
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El presidente del Gobierno cree que la amnistía se aceptará como el matrimonio homosexual
01 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Ni desveló el nombre del verificador internacional ni el lugar donde se reunirán con él, ni confirmó que el próximo encuentro entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y el PSOE será mañana en Ginebra. Muchas son las incógnitas que no quiso o no pudo despejar ayer, en su primera entrevista después de ser investido jefe del Gobierno. Pedro Sánchez, que acudió al programa «La hora de la 1», de TVE, centró sus respuestas en explicar los porqués. Por qué pactó con los independentistas, por qué acordó una amnistía que antes consideraba inconstitucional, por qué es necesario un verificador y por qué está convencido de que en España hay lawfare o guerra judicial, una afirmación que este jueves levantó ampollas entre la oposición, la judicatura y los sindicatos policiales.
El socialista confesó que la misma noche del 23J vio «claro» que reeditaría su Ejecutivo, que había salvado «una bola de partido muy importante» al evitar que PP y Vox cogobernasen, y que muchos españoles «respiraron aliviados».
«La amnistía no es el paso que quería dar, pero es coherente y consecuente para normalizar Cataluña»
Sin mayoría suficiente en las urnas, Sánchez sabía que su única opción era afrontar una negociación «muy compleja» con Junts y ERC: «En política, como en la vida, hay que optar entre las soluciones ideales o las soluciones posibles». Además de afrontar un cambio de postura sobre la medida de gracia. «No era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña», sostuvo, tras señalar que la amnistía presentada por los independentistas la pasada legislatura no era constitucional y el texto actual, sí.
«Un mecanismo excepcional»
Ante aquellos que dudan o son «refractarios» al perdón, el presidente quiso «garantizar» que «esta decisión será buena para la convivencia en Cataluña y España, y todo lo que hagamos estará dentro de la Constitución». De hecho, auguró que la derecha y quienes hoy se oponen a la ley de amnistía acabarán aceptándola como aceptan la ley del divorcio y del matrimonio homosexual.
Defendió también Sánchez la figura de ese verificador desconocido y que previsiblemente acudirá este sábado a la reunión entre posconvergentes y socialistas en Ginebra, porque su tarea es salvar la «extraordinaria desconfianza» que hay entre ambas formaciones. «Si dos no se entienden, es bueno que haya un tercero que nos acompañe y nos ayude a llegar a acuerdos. Es un mecanismo excepcional», como la situación de Junts y ERC, indicó. Convencido de que hay un conflicto político que abordar, reconoció que parten de posiciones opuestas: «Ellos defienden la independencia de Cataluña y nosotros, el Estado de las autonomías». Aunque quiso restarle importancia a esta mesa de diálogo entre partidos, ya que «el futuro de España se decide en las Cortes», dijo.
Sin pelos en la lengua, Sánchez señaló que «definitivamente» se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales «que afectaban al PP [...] Eso es la operación Kitchen». Con esta afirmación, justificó la inclusión del término lawfare en su acuerdo con Junts.
Anunció el jefe del Ejecutivo que prorrogará los Presupuestos hasta que se aprueben unas nuevas cuentas en el primer trimestre del 2024, y apuntó que la no renovación del órgano de los jueces se debe al «absurdo, intolerable e inconstitucional bloqueo por parte del PP», al que invitó a reflexionar sobre su estrategia «del insulto». El próximo 21 de diciembre, Sánchez se verá con el presidente catalán, Pere Aragonès. No se reunían desde julio del año 2022.
El PP tacha de «humillación» la cita en Ginebra y pide al PSOE que diga qué negocia
La reunión que se celebra mañana en Ginebra entre el expresidente catalán Carles Puigdemont, otros miembros de Junts y el número tres del PSOE, Santos Cerdán —en el marco del acuerdo por el que invistieron a Pedro Sánchez— fue calificada de «humillación» por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. «Quiénes son los mediadores? ¿Qué se está negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar y quién va a pagar lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado?», son algunos de los interrogantes que planteó este jueves el expresidente de la Xunta, que acusó al Ejecutivo del PSOE y Sumar de actuar «con ocultación» y con «vergüenza», pese a que este encuentro bilateral se mantendrá en el ámbito de dos partidos políticos, socialistas y posconvergentes.
«Débil, dividido y radical»
«Exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando España», pidió el de Os Peares, que advirtió que el PP no se va a callar. «La única mansedumbre que la España de hoy tiene es la del Gobierno con el independentismo», protestó.
Tras calificar al Ejecutivo progresista de «débil, dividido y absolutamente condicionado por la radicalidad de sus miembros, de sus socios y postulados» y, en resumen, dijo, «el más radical de los 45 años de democracia en España», avisó que los populares responderán con una oposición «proporcional y proporcionada al Gobierno radical que tiene hoy» el país.
Bolaños intenta frenar en Bruselas la ofensiva del PP para forzar la intervención de la UE contra el perdón
La ley de amnistía, el Estado de derecho en España y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son los tres ejes sobre los que giraron los dos encuentros que mantuvo ayer en Bruselas el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El socialista se reunió por la mañana con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea (CE), Vera Jourová, y por la tarde, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. El diálogo abierto entre el Ejecutivo comunitario y el español responde a las numerosas cartas recibidas sobre la medida de gracia. Analizar al detalle y preguntar sobre puntos concretos de esta proposición de ley, cuyo texto fue enviado a la CE hace ya dos semanas, fue el objetivo de estas citas, tras las que Bolaños declaró que Bruselas tiene «cero preocupación» sobre la amnistía al procés y no duda de que es «un asunto interno».
Los servicios legales europeos, que todavía analizan el documento, no emitirán un dictamen hasta que la norma supere la tramitación parlamentaria en España, incluidas las enmiendas.
El ministro también garantizó que «seguirá trabajando» para renovar el órgano de los jueces, caducado desde el 2018, un asunto sobre el que Bruselas advirtió hasta en cuatro ocasiones y tiene «una preocupación máxima».
Bolaños entregó en mano una copia del proyecto de ley de amnistía al eurodiputado del PSOE y presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Europarlamento, Fernando López Aguilar, quien el miércoles acusó al PP de «ensuciar» la reputación constitucional de España. Los populares solicitaron un debate en Estrasburgo sobre el Estado de derecho en España, que se celebró la semana pasada, y presentaron una enmienda para pedir a la UE que prohibiera por ley la concesión de amnistías e indultos a los condenados por corrupción, una propuesta que rechazó el Comité de Regiones. Y ayer mismo, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, presidida por la popular Dolors Montserrat, aprobó debatir el próximo 23 de enero una batería de peticiones sobre la ley de amnistía. La vicesecretaria de organización del PP, Carmen Fúnez, advirtió que Europa «va a hacer un seguimiento exhaustivo» del perdón.