La fiscala general de Portugal se justifica y rechaza responsabilidades en la dimisión de António Costa

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

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El ex primer ministro de Portugal, António Costa, en la comparecencia en la que anunció su renuncia el pasado 7 de noviembre.
El ex primer ministro de Portugal, António Costa, en la comparecencia en la que anunció su renuncia el pasado 7 de noviembre. JOSE SENA GOULAO | EFE

Se cuestiona su decisión de destacar en un comunicado que el primer ministro estaba siendo investigado

24 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Portugal llevaba más de dos semanas esperando que Lucília Gago, la fiscala general de la República, se pronunciase en público sobre la investigación abierta por posible corrupción, que derivó en la dimisión de António Costa. Así lo hizo brevemente este jueves, para rechazar cualquier responsabilidad en la dimisión del primer ministro: «No me siento responsable por nada», ya que se trata de «una valoración personal y política [de Costa]», declaró a la prensa en la salida de una conferencia sobre violencia machista. «La Fiscalía General investiga, a tenor de los hechos, aquello que debe investigar; lo que por ley debe ser investigado», añadió.

Desde que Costa dimitió, apenas unas horas después de difundirse el comunicado con que se daba a conocer la llamada operación Influencer, la opinión pública comenzó a cuestionarse la intención de un último párrafo incluido en dicha nota de prensa. En él, se señalaba que «en el transcurso de las investigaciones surgió […] el conocimiento de la invocación por parte de los sospechosos del nombre y de la autoridad del primer ministro y de su intervención para desbloquear procedimientos». Una frase que dejaba en posición de vulnerabilidad a António Costa, que consideró que no tenía más opción que dimitir. Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente luso, estuvo de acuerdo y aceptó la renuncia, en la misma mañana del 7 de noviembre.

Días más tarde, el semanario Expresso revelaba que la decisión de incluir esta observación había sido, en contra de los procesos habituales, de la propia Lucília Gago, algo que la fiscala no negó ante los periodistas.

De la misma manera que exponía Expresso, Gago también defendió que «ese párrafo dice de manera transparente lo que estaba en juego en el contexto de la investigación en curso. Hace falta transparencia, información sobre la investigación que se está llevando a cabo y, por tanto, naturalmente había que incluirlo, bajo peligro de, en caso de no ser incluido, afirmar que se estaba debidamente ocultando un asunto de mayor relevancia».

Además, Gago negó que hubiera incluido este párrafo a petición del presidente de la República, con quien estuvo reunida en la mañana del 7 de noviembre. «Es normal que él quiera hablar sobre temas relevantes de la actividad del ministerio público», dijo Gago restando importancia al escrutinio al que se está sometiendo a la Fiscalía.

La investigación sobre las posibles implicaciones de António Costa en la facilitación de procedimientos a favor de la empresa Start Campus y de dos explotaciones de litio corre a cargo del Tribunal Supremo, en un proceso separado al de los demás implicados. Hasta la fecha, hay ocho imputados; de ellos, cinco fueron detenidos y puestos en libertad sin apenas medidas cautelares. Además, el juez de instrucción no ve indicios de corrupción ni prevaricación, lo que ha levantado todavía más sospechas sobre la trascendencia del caso y el impacto político que ha tenido.