La Audiencia Nacional, que respalda el criterio del juez instructor y de la Fiscalía, no revocará los sobreseimientos que incluyen al también expresidente madrileño Ignacio González
23 nov 2023 . Actualizado a las 08:12 h.El llamado caso Púnica, donde se investiga el presunto cobro de comisiones por parte de ex altos cargos del PP de Madrid a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, ha dado un paso más hacia la celebración del esperado juicio tras más de nueve años de instrucción. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, de exonerar de la causa a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y exlíder de los populares en esta región Esperanza Aguirre.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuyo paraguas actúa en esta causa el PSOE, recurrió ante la Sala la decisión del magistrado de no atender su petición de que se replanteara no procesar a la expresidenta y también su sucesor Ignacio González por su papel en la supuesta caja B del PP madrileño con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones del 2007, el 2008 y el 2011. En total, dicha parte pedía que se reabriera el caso contra un total de 61 personas, entre ellas los exconsejeros madrileños Manuel Lamela, Salvador Victoria o Juan José Güemes, además de los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Francisco Javier López Madrid, e incluso al propio PP como responsable civil subsidiario.
Pero el tribunal rechaza su solicitud por falta de fundamentación fáctica, pues «lo que parecía era una campaña organizada de financiación del Partido Popular madrileño a costa del erario público se ha quedado sin respaldo indiciario incriminatorio y se ha visto reducido a hechos concretos y aislados», informa Europa Press. Por eso, añade en su resolución, no se puede hablar de que los investigados «constituyeran una organización criminal destinada a cometer delitos de prevaricación, malversación y falsedades documentales, puesto que hubiera sido necesario la constatación (...) de la existencia de un entramado jerárquico organizado desde la cúpula del PP en pro de su financiación (...) que no ha acontecido».
Añade que fruto de esto, también es imposible sostener «la continuidad delictiva» pretendida por ADADE y por tanto varios de los hechos investigados inicialmente «han prescrito durante las actuaciones». «No parece lógico que (...) después de casi diez años de instrucción de las actuaciones y de más de cuatro de esta concreta pieza, se considere prematura la decisión de la prescripción de unos hechos que han sido concienzudamente investigados», explica.