Junts se enroca, demora la investidura y vaticina «horas y días de mucha presión»
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Los de Puigdemont tachan el acuerdo entre el PSOE y ERC de insuficiente
04 nov 2023 . Actualizado a las 10:56 h.Nueva fumata negra en el cónclave belga de Carles Puigdemont: ni habemus acuerdo ni ley de amnistía ni fecha para investir a Pedro Sánchez. Los socialistas y Junts reconocieron ayer que las negociaciones se alargan: «están muy avanzadas, pero no cerradas». El contacto entre ambas formaciones se limitó este viernes a un intercambio de llamadas y documentos, pero no se reunieron presencialmente, pese a hallarse el número tres del PSOE, Santos Cerdán, en Bruselas. Esta demora del acuerdo, que amenaza con impedir que el debate de investidura se celebre la próxima semana, se debe a discrepancias sobre el texto de la medida de gracia a los encausados por el procés.
Los exconvergentes «quieren ir un poco más lejos porque consideran que hay una serie de cosas en la propuesta que no son lo suficientemente ambiciosas», explicó Jaume Asens, negociador de Sumar. De hecho, el secretario general de Junts, Jordi Turull, envió un mensaje a la dirección de su formación en el que pide calma, vaticina «horas y días de mucha presión» y califica el acuerdo alcanzado este jueves entre el PSOE y ERC de insuficiente, según adelantó La Vanguardia.
La operación Voloh
Los de Puigdemont no harán una fumata blanca hasta lograr el perdón para el máximo de personas involucradas. «No dejaremos a ningún soldado tirado; no haremos una amnistía para vips. Aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido», prometió Turull. El problema no radicaría, según el partido magenta, en dejar fuera de los amnistiados a la dirigente Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos, sino a los imputados por la operación Voloh, de presunto desvío de fondos al independentismo, aseguraron fuentes consultadas por Europa Press. Entre estos encausados se encuentra la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay, entonces jefe de la oficina del expresidente catalán.
Los escollos que impiden consensuar la medida de gracia son políticos y técnicos, desde el alcance de la misma hasta su redactado y exposición de motivos. «El problema está en cómo se aborda la ley de amnistía y el motivo por el que se otorga», reconocen fuentes exconvergentes. Un problema que no es insalvable, según Asens, que concretó que «solo hay un par de artículos en los que no se está llegando al acuerdo» y que representan el 5 % del texto de la futura norma. Fuentes de la negociación no quieren hablar de fechas concretas para la investidura y priorizan redactar una «ley sólida», dado que será recurrida jurídicamente. Por ello, ven «muy complicado» presentar la proposición de ley en el Congreso este fin de semana, pese a que su registro electrónico sigue abierto.
Junts tampoco celebra el traspaso de cercanías acordado por ERC porque el Estado dispondrá de «derecho de veto» en la empresa mixta que gestionará el servicio ferroviario y porque no incluye todas las líneas e infraestructuras. Un acuerdo que las bases de la formación republicana avalaron con un 89 % de votos en una consulta en la que participó el 43,6 % de su militancia. No hizo lo mismo la Asamblea Nacional Catalana, que tachó el pacto de «sumisión al Estado» y «retroceso para el independentismo».
Dos nombres para el verificador
ERC anunció que los socialistas aceptaron un par de propuestas para nombrar al verificador, una figura de prestigio que acompañará la resolución del conflicto político, y descartó registrar la ley de amnistía sin la firma de Junts. Ante esta negociación al límite, la Mesa del Congreso ya ha habilitado los festivos y fines de semana de este mes. Si el candidato socialista no es reelegido antes del 27 de noviembre, regresaremos a la casilla de salida: las urnas.
Análisis: Puigdemont exhibe su poder para arrancar más
por Francisco Espiñeira
En Ferraz se han hecho un Mourinho y no paran de preguntarse por qué ahora Junts echa el freno de mano a la investidura de Pedro Sánchez después de haber accedido a todas sus exigencias. Incluso a la de enviar a un alto representante, el número 3 del partido que gobierna España, a retratarse junto a un prófugo de la justicia. Todo empezó en agosto con la misión imposible de colocar el catalán, dejando de lado incluso al gallego y al euskera, como lengua oficial del Parlamento Europeo. Siguió con la aprobación del uso de las lenguas cooficiales españolas en el Congreso y con la progresiva naturalización del papel de interlocutor de Carles Puigdemont con el PSOE. Incluso se le devolvió el contrato de televisión a su mujer en la Diputación de Barcelona.
Pero nada de eso basta en Waterloo. Puigdemont echó el freno el jueves por la noche por muchos motivos. El primero, «porque si algo hemos aprendido es que no podemos fiarnos del PSOE», como tuiteó el expresidente huido tras declarar unos segundos la independencia catalana hace cinco años. Pero la realidad es que en la tramitación de la amnistía puede salir perjudicado uno de los más estrechos colaboradores del líder de Junts. Su mano derecha, Josep Lluís Alay, jefe de gabinete e interlocutor con varios espías rusos en los días más oscuros del procés, está implicado en la llamada operación Voloh, una trama corrupta que salpica a varios altos cargos vinculados al golpe del 1-O que utilizaron el dinero publico para fines poco claros.
Por esa rendija de asuntos pendientes pretende colarse, por ahora sin éxito, la exconsejera Laura Borràs, con una condena a cuestas por malversación por dar contratos a dedo a un amigo informático. «No dejaremos a ningún soldado tirado», escribió enigmáticamente Jordi Turull, el ejecutor en Junts de los designios de Puigdemont. Y ahí radica uno de los problemas.
Otro tema es la reticencia de buena parte del secesionismo más radical a cualquier pacto «con el enemigo». Así se expresan desde la Asamblea Nacional Catalana a los CDR, pasando por un sinfín de movimientos y partidos vinculados al propio expresidente.
Pero, además, Puigdemont es consciente de que está ante la última posibilidad de rentabilizar una posición de poder sobre el PSOE. Y no acepta que ese poder se diluya en una foto con otros partidos. Quiere tensar la cuerda para arañar todas las concesiones posibles. Y quiere ser el último en firmar. Para darse valor.