Juan Carlos Calderón, periodista en Ecuador: «Hay un ejército de jueces protegiendo a delincuentes»

Juan Carlos Calderón es un periodista de investigación de raza. Le delata la vetusta cartera que porta con delicadeza en sus manos y su mirada, a veces, distraída, mientras su mente trabaja a destajo, descifrando el complejo panorama sociopolítico de Ecuador, un país que está viviendo su año más violento de la historia por el enfrentamiento entre bandas adscritas al narcotráfico.

El crimen organizado asesinó, hace dos meses, a su amigo, el candidato presidencial y también periodista Fernando Villavicencio. Juntos investigaron, durante años, la corrupción estatal y denunciaron una persecución por parte del Gobierno del expresidente Rafael Correa.

El magnicidio de Villavicencio marcó la primera vuelta de las elecciones y está siendo clave también en el segundo turno, que se celebra este domingo. 

Calderón pinta un panorama sombrío sobre el presente, y también el futuro de su país. 

—¿Cómo reaccionó tras el asesinato?

—No me lo creía, y hasta ahora no me lo creo. En el grupo de compañeros muy cercanos de él, que éramos cuatro o cinco, nunca nos lo imaginamos. A uno no se le ocurre que pasase en el corazón de una ciudad como Quito y en medio de una enorme protección policial, que no funcionó. 

—¿Por qué mataron a Villavicencio?

—Yo creo que Fernando tocó algunos intereses, más que por lo que había hecho, por lo que estaba dispuesto a hacer si era electo presidente. Habíamos denunciado la penetración del narco en la política. Luego él tocó un tema que aquí es medio tabú, y son los puertos. La mayor parte de la droga que sale por Ecuador es a través de puertos regulares, controlados por el Estado, concesionados, pero es un tema que no estaba siendo tocado en campaña. En las últimas declaraciones que hace Fernando, él habla de la militarización de los puertos y de que ahí hay una enorme trama de corrupción. Yo creo que pudo haber venido por ahí, con las mafias de los puertos. El 80 % del comercio de Ecuador se hace por los puertos y controlarlos implica un enorme beneficio para un montón de mafias. 

—¿Por qué el Estado no los controla?

—Es un tema de voluntad política. El Gobierno tiene todos los instrumentos de ley para salvaguardar los puertos. Es claro que hay un holding criminal que los controla, muy bien estructurado, y que no va a ser posible acabar sin una voluntad política clara. 

—Villavicencio denunció la infiltración de la mafia en el Estado ¿Cómo se articula?

—Estamos hablando de dinero, y el narcotráfico es una industria logística. El precio de la droga se eleva porque el costo de transportarla implica sobornos. Tienes que pagar un ejército de jueces, de fiscales, para proteger a tu gente. Ecuador tiene una enorme ventaja y es la poca vigilancia. Los grupos delincuenciales del Ecuador son subcontratados por los mexicanos para brindar servicios que permitan el éxito de la logística. Almacenaje, combustible, transporte, vigilancia armada, sobornos para silenciar a las autoridades… Pero esta articulación no tiene sentido si no tiene la cooperación de agentes del Estado, que tienen función judicial, de control, el Ejército, Policía, marina, gobiernos seccionales… Uno de los problemas centrales son los órganos judiciales. Los grandes capos del Ecuador han salido libres y han visto reducidas sus penas por jueces que después han tenido que salir corriendo, pero que finalmente ya se ganaron su plata, porque sus decisiones, como son constitucionales, y tienes un habeas corpus aplicado a los capos del narcotráfico, no puedes revertirlas. Puedes sancionar al juez y destituirlo, pero el acto está hecho. Los miembros de las bandas no reciben un cheque al final del mes. Es un ejército que tiene que ser mantenido, y por eso se van generando delitos como la extorsión, donde la población entra de rehén.

—¿Qué efecto tiene en la calidad de la democracia de Ecuador?

—Yo no creo que Ecuador viva una democracia. Hay una formalidad institucional, donde tampoco las instituciones, en este momento, funcionan. El crimen organizado, que no sólo es el narco, sino también los sistemas de lavados de activos, la penetración a empresas, la minería ilegal, el tráfico de oro, que lava mucho dinero narco… todo eso hace que algunos asambleístas hayan sido vinculados a estos grupos.

—¿Es responsable el Gobierno de Guillermo Lasso?

—El gobierno ha sido absolutamente ineficaz en valorar la dimensión de esto. No ha logrado entender que a esto en democracia se le enfrenta en la Justicia, y dejó con absoluta indolencia que se deteriorase. Hay un ejército de funcionarios de la Justicia que están vinculados a proteger a los delincuentes. 

—Siete de los trece detenidos por el asesinato de Villavicencio han sido asesinados en prisión y el periodista y ex candidato presidencial, Christian Zurita, aseguró que un testigo protegido había apuntado al  «Gobierno de Rafael Correa» como autor intelectual del asesinato ¿Cómo lo ve usted?

—El asesinato de los autores del asesinato de Fernando es absoluta responsabilidad del presidente Guillermo Lasso. No digo que él los mandara a matar. No. Lo que digo es que estaban a manos del Estado. Aquí hay un complot para ocultar el asesinato de Villavicencio que no solo tiene que ver con los grupos organizados que le mandaron a matar, sino con quienes no quieren investigarlo o les da miedo. Resulta después que todas las características del testigo y su testimonio se filtran. Yo le creo a Zurita. Pero lo que corresponde es que la fiscalía haga un juicio para que funcione en el debido proceso, porque, si no, la persona que vaya a ser acusada de haber ordenado el asesinato, va a salir libre inmediatamente, porque se han violado todos los procesos debidos en ese caso. Todos. La cadena de custodia, la protección al testigo… Fíjate cómo se hacen las cosas para que nada llegue a una conclusión. Han enlodado todo el panorama, ensuciando todas sus declaraciones.

—¿Qué interés podría tener Correa en matar a Villavicencio?

—No te podría contestar eso. Hay algunos casos de asesinato en el Gobierno de Correa que no han sido resueltos. De gente que se le opuso, que fue disidente. Correa es una persona obsesionada por el poder. Incluso podría decir que un poco desquiciado. Entonces yo no creo que un tipo así de una orden de matar. No se me ocurriría, porque tienes un costo político muy alto. Sin embargo, hay una red de relaciones muy complejas en su partido, en su movimiento, con gente del crimen organizado. De pronto Correa no, es una hipótesis, pero hay gente que sí, que ha resuelto cosas matando. Yo creo que ni al Estado ni a los sectores políticos les interesa esclarecer el asesinato de Fernando Villavicencio, porque saben que se va a tocar toda una red de altos cargos políticos criminales que son capaces de cualquier cosa por mantener el poder. 

—¿Tienen alguna capacidad los candidatos, la correísta Luisa González o el centroderechista Daniel Noboa, de limpiar las instituciones?

—Tal vez si el Gobierno hiciera algún gesto muy fuerte para dar un giro, podría tener efectividad. El tema central es una economía criminal paralela, que permite que los centros comerciales estén abiertos, llenos y consumiendo, con un enorme flujo de dinero que está fuera del control de las autoridades. Eso no lo van a poder resolver. Es muy duro lo que digo sobre el país. Para mí el problema es cultural en Ecuador. Hay una aceptación paulatina de la economía y de la cultura criminal. No nos gusta mirarnos al espejo. Vivimos en una economía criminal, con cárceles que están controladas por los criminales, un sistema de justicia cuyos magistrados pertenecen a estructuras criminales. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere tocar. Fernando Villavicencio lo dijo. Y ahora está muerto. 

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