Las bases del Consell de la República votarán si Puigdemont debe «bloquear» o no la investidura de Sánchez

La Voz REDACCIÓN

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Carles Puigdemont.
Carles Puigdemont. PABLO GARRIGOS | EFE

El presidente en funciones necesita el apoyo de todas las formaciones nacionalistas e independentistas, por lo que deberá esperar a esta resolución para iniciar un debate de investidura bajo riesgo de fallar e ir a repetición electoral

04 oct 2023 . Actualizado a las 10:45 h.

El Consell de la República, la organización para promover la independencia que preside Carles Puigdemont, decidirá el 24 de octubre si bloquea la investidura de Pedro Sánchez o si se le da luz verde, lo que podría impedir la posibilidad de una investidura exprés.

Tal como adelanta el diario ABC, la Sindicatura Electoral de la entidad ha dado luz verde a la iniciativa para «bloquear la investidura en el Estado español». El presidente en funciones necesita el apoyo de todas las formaciones nacionalistas e independentistas, por lo que deberá esperar a esta resolución para iniciar un debate de investidura bajo riesgo de fallar e ir a repetición electoral.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, anunció ayer por su parte que el grupo de expertos académicos designados por el Govern dará a conocer su informe sobre el acuerdo de claridad «en cuestión de días».

Plaja detalló que después de que se haga público este informe, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, «hará lectura y posicionamiento sobre este punto de partida que los expertos habrán recogido». También ha explicado que el calendario a seguir tras la publicación del informe y las conclusiones del grupo de académicos se dará a conocer «en los próximos días».

El presidente Aragonès planteó cinco preguntas al consejo de académicos sobre el acuerdo de claridad sobre cómo «resolver el conflicto político catalán» y qué características debería tener un referendo.

El presidente catalán explicó en abril que el objetivo de este proceso era buscar soluciones de consenso, para después planteárselas a la ciudadanía y también a los grupos políticos representados en el Parlament, para después poder «defenderlas ante el Estado en el marco de una negociación para resolver el conflicto».