Miembros del Gobierno británico interpelaron a Isabel II para frenar a Boris Johnson en la pandemia
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En Buckingham ya había cierto recelo a la labor del expremier desde que en el 2019 suspendiese la actividad del Parlamento, en una decisión que técnicamente fue refrendada por la propia reina y que el Tribunal Supremo terminó declarando ilegal
22 sep 2023 . Actualizado a las 22:03 h.Altos cargos del Gobierno de Reino Unido trasladaron en el 2020 al Palacio de Buckingham su preocupación por las decisiones que estaba adoptando durante la pandemia de covid-19 el entonces primer ministro, Boris Johnson, aparentemente buscando que la reina, Isabel II, pudiese deslizar algún tipo de aviso en las reuniones privadas.
Así lo han constatado fuentes del Ejecutivo consultadas por la BBC para un documental que examina el caos político de los últimos años en el Reino Unido y que, en el caso de Johnson, derivó en una interpelación inédita a la Casa Real, que históricamente ha permanecido ajena a cualquier polémica derivada de Downing Street.
De la etapa de Johnson, son ya públicos los enfrentamientos entre Dominic Cummings, quien fue jefe de gabinete de Johnson al comienzo de su mandato como primer ministro, y Sir Mark Sedwill, exjefe de la función pública. Las relaciones estaban «rotas», como ha declarado una fuente que describe como «tóxico» el ambiente que se respiraba en Downing Street.
La radiotelevisión pública británica ha podido confirmar que las llamadas y comunicaciones entre Downing Street y Buckingham fueron más allá de los meros trámites de rutina, si bien ni la Casa Real ni el propio Johnson —apartado ahora de la Cámara de los Comunes— se han pronunciado al respecto.
La antigua subsecretaria de gabinete Helen MacNamara ha reconocido que hubo «verdaderos problemas» en la gestión interna y el funcionamiento de todo el sistema después de que Johnson contrajese el coronavirus.
El premier llegó a estar en cuidados intensivos por una enfermedad cuya importancia negó en un inicio. Además, en Buckingham ya había cierto recelo a la labor de Johnson desde que en el 2019 suspendiese la actividad del Parlamento, en una decisión que técnicamente fue refrendada por la propia reina y que el Tribunal Supremo terminó declarando ilegal.