La consulta incumplía el Estatuto de Autonomía y desbocó la tensión social
06 sep 2023 . Actualizado a las 09:01 h.En octubre de 1977, Josep Tarradellas regresaba a Cataluña desde el exilio con el compromiso pactado con el Gobierno de Adolfo Suárez de restaurar la autonomía y la Generalitat. Cuarenta años después y tras cuatro presidentes autonómicos, Carles Puigdemont eligió también octubre para tratar de variar en el 2017 la historia de Cataluña y de España convocando para el 1-O el referendo unilateral de independencia que tensionó tanto la vida en dicha comunidad que desde entonces no ha hecho más que menguar entre su población la predisposición a convertirse en un Estado independiente. Del 49 % a favor que el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat consideraba que existía en Cataluña en octubre del 2017, se ha llegado esta primavera a un respaldo mínimo del 42 % y la oposición a la independencia más alta registrada nunca, con un 52 %.
El supuesto resultado del referendo que acabó precipitando los acontecimientos hace seis años fue bien diferente, del 90,1 % a favor, claro que más de la mitad de la población no participó, no hubo una verificación contrastable de los participantes ni de los resultados, se estableció un censo universal sin colegios electorales estables, y lo que resultó más relevante para todo el proceso, había sido suspendido por el Tribunal Constitucional al día siguiente de ser convocado. La suspensión llegó porque el referendo de autodeterminación carecía del mínimo acuerdo del Gobierno central y las Cortes y vulneraba la Constitución, pero incluso porque contravino el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que exige de una mayoría de dos tercios del Parlamento catalán, que no se dio, para llevar a cabo cualquier cambio en el estatus de la comunidad.
Puigdemont hizo oídos sordos a la prohibición de la consulta; la Generalitat hizo acopio de urnas en China y el ambiente se tensionó como nunca en Cataluña. Diez mil números de la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron desplazados a la comunidad para tratar de hacer cumplir las sentencias contra el referendo, en medio, además, de la laxitud que el Gobierno central advertía en el seno del cuerpo de los Mossos.
La Generalitat elevó a 1.066 el número de civiles heridos en las cargas policiales efectuadas el día de la votación. Interior sumaba, por su parte, 431 agentes necesitados de atención sanitaria.
El presidente Mariano Rajoy negó en una solemne intervención esa noche que lo celebrado fuese un referendo. «Hemos asistido a una mera escenificación», dijo. Puigdemont redobló horas después su órdago advirtiendo que los resultados, aún provisionales, ponían en marcha los mecanismos de la independencia.
Huelga general y noches de enfrentamientos interminables en las calles de Barcelona se sucedieron hasta que el presidente de la Generalitat declaró la independencia en el Parlamento catalán, pero suspendiendo él mismo dicha proclamación al instante para abrir una negociación con el Estado. Rajoy, con el apoyo del PSOE, intervino la autonomía de Cataluña en base al artículo 155 de la Constitución. Las detenciones, fugas y posteriores condenas derivan de aquel 1-O del que se ha ido alejando Cataluña.