Amnistía Internacional pide la liberación de 300 presos políticos en Venezuela, entre ellos cuatro españoles
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La oenegé ha iniciado un proceso de recolección de firmas para exigir su libertad
30 ago 2023 . Actualizado a las 08:51 h.Aunque ha desaparecido del radar de los medios internacionales, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo crítica, con «alta vulnerabilidad de la población en general a ser víctima de una detención arbitraria y otras graves violaciones de los derechos humanos (...), desde opositores hasta personas sin militancia política». Así lo destaca el informe «Venezuela: Continúan las detenciones arbitrarias como herramienta de control y represión del gobierno», publicado por Amnistía Internacional (AI), que señala que la escalada represiva que comenzó en el 2014 ha dejado en nueve años más de 15.700 detenciones arbitrarias, y 300 personas permanecen presas por razones políticas, como destacó Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal Venezolano, que participó en la elaboración del informe.
De ellos, según fuentes de la Embajada de España en Caracas, cuatro tienen doble nacionalidad hispano-venezolana. El informe, que relata nueve detenciones arbitrarias y torturas, cita los casos de María Delgado y Juan Marrufo, un matrimonio venezolano con doble nacionalidad, española e italiana, respectivamente. Detenidos desde el 2021 y condenados a 30 años de cárcel por financiación del terrorismo, traición a la patria y homicidio en grado de frustración, según AI, la conexión de esta pareja con los delitos por los que fueron condenados a la pena más alta vigente en Venezuela es extremadamente débil.
AI destaca también el caso de Emirlendris Benítez, apresada y acusada de participar en el fallido atentado con drones contra Nicolás Maduro en el 2018, que fue «torturada y sometida a una interrupción forzada de su embarazo» y también condenada («injustamente», señala AI) a 30 años de prisión por su participación en un complot para asesinar a Maduro con drones hace un lustro.
«La evidencia demuestra que la política de represión del Gobierno de Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo el derecho a la vida, la libertad y la integridad en Venezuela. Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno», dijo Erika Guevara, directora para las Américas de AI, que recoge firmas para pedir la liberación de los presos políticos.