El PSOE esquiva hablar de amnistía y Sumar no ve problema en debatir su viabilidad
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Los socialistas apelan a la discreción e insisten, al igual que los de Yolanda Díaz, en que cualquier negociación será dentro de los límites de la Constitución
24 ago 2023 . Actualizado a las 08:58 h.La RAE reserva varios significados para el término «discreción». Por un lado, «sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar» y, también, «reserva, prudencia, circunspección». El PSOE elude responder a preguntas sobre la amnistía que piden Junts y ERC. Y lo hace, principalmente, mediante dos premisas. O bien invoca estas dos definiciones u otros sinónimos, o remite dudas sobre el encaje legal de la amnistía al Tribunal Constitucional.
«En el momento, que yo diga algo de la amnistía va a haber interpretaciones [...] Especulaciones que nunca vienen bien en conversaciones normales para buscar un entendimiento», explicó en la Cadena SER el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Pilar Alegría, ministra de Educación en funciones y portavoz nacional del partido, remarcó en RNE que «la línea roja es la Constitución» y, ante una tercera pregunta sobre la amnistía, eludió responder sobre «futuras batallas» a las que todavía no se han llegado.
Sumar, en cambio, sí que da pinceladas de cómo abordará la petición de la amnistía. «No tenemos problema en poder hablar, como se habla en el conjunto de Europa, siempre que esta idea de la amnistía, de una futura ley de amnistía, tenga todas las garantías jurídicas necesarias», remarcó Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso. Eso sí, también encauzó el debate en las mismas aguas que el PSOE, es decir, desde el «respeto constitucional».
Mientras, ERC volvió a recordarle al jefe del Ejecutivo en funciones su principal condición. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, insistió en que la amnistía para «los represaliados» es una «línea roja». Además, recordó que «hay una segunda carpeta», en referencia al referendo de autodeterminación, aunque no incluyó, en esta ocasión, esa demanda al mismo nivel que la amnistía.
La Carta Magna y sus límites taponaron un intento de sacar adelante la ley de amnistía. Fue en el 2021, cuando Junts, ERC, la CUP y PDeCat presentaron de forma conjunta una proposición de ley que no pasó el filtro de la Mesa del Congreso. PSOE, PP y Vox votaron en contra, mientras que Unidas Podemos dio su visto bueno. La mayoría de votos negativos dejó en el dique seco la propuesta de los independentistas. El informe de los letrados de la Cámara Baja se apoyó en el artículo 62 de la Constitución, que reserva al rey, en su noveno apartado, «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales».
Un no rotundo en julio
Desde entonces, Pedro Sánchez dio un giro de timón a su postura sobre la amnistía. Tres días antes de las elecciones del 23J, presumió en La Sexta de que el independentismo «pedía amnistía y pedía un referendo de autodeterminación y ni lo ha habido ni lo habrá», apuntó el candidato del PSOE, que se preguntó si una amnistía era equiparable a un «indulto condicionado».
Apenas un mes después, cuestionado sobre este asunto tras su encuentro con el rey, se limitó a asegurar que él no era «quien para decir si sería o no constitucional». En su intervención en La Sexta expuso los dos motivos que imposibilitaban la petición del bloque soberanista catalán: «Primero, por convicción política; y en segundo lugar porque no solo la Constitución española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación».
La aritmética le otorgó un papel decisivo tanto a ERC como a Junts. Una posición de fuerza para reivindicar una amnistía que no encontró ni un ápice de debate en el 2021. Dos años después, la receta de Pedro Sánchez pasa ahora por una política de «diálogo y convivencia» y, sobre todo, por una decidida discreción.