El Gobierno renegocia con Bruselas para evitar el peaje en las autovías

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de la autovía A-6 a su paso por Lugo.
Imagen de la autovía A-6 a su paso por Lugo. ALBERTO LÓPEZ

El PP exige a Pedro Sánchez que explique cuál es su acuerdo con Bruselas y pregunta si se van a privatizar las carreteras para financiar su conservación

20 jul 2023 . Actualizado a las 08:56 h.

«El tema está zanjado, es inviable». Así se refirió la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la polémica por el posible cobro de peaje por el uso de las autovías españolas como parte de un compromiso con Europa para establecer un modelo de peajes que ayudara a mantener esas carreteras de doble carril en cada sentido. En un desayuno informativo en Barcelona, la ministra admitió que esa idea se le planteó a la Comisión Europea, pero que finalmente el Gobierno la ha descartado. «Es verdad que en un primer momento barajábamos esa opción [la de los peajes], pero vimos que es inviable porque no se da el consenso político ni las condiciones», aseguró.

Tras la polémica por las palabras del director general de Tráfico en las que desvelaba que habría que pagar peajes en el 2024 para mantener las autovías, la ministra quiso ser ayer muy clara sobre ese asunto. Explicó que como el compromiso con Bruselas está adquirido, es necesario buscar algún modelo de financiación y por eso «se está renegociando» el plan enviado a Bruselas. El Gobierno busca un sistema diferente, pero aún no ha decidido cuál, según la titular de Transportes, que aclaró que no tiene sentido el modelo actual por el que los gastos de mantenimiento de las autovías se cargan a los Presupuestos Generales del Estado.

Esas explicaciones de la ministra no convencen a los responsables del PP, que exigen al Gobierno socialista que aclare el contenido de su acuerdo con Bruselas respecto al pago por el uso de las autovías y desgrane cuánto supondrá eso para el bolsillo de los ciudadanos. «¿Cuánto costarán, por ejemplo, los trayectos León-Benavente, Córdoba-Sevilla, Sevilla-Mérida, Albacete-Murcia, Zaragoza-Guadalajara o Ávila-Salamanca?», se preguntan desde el PP.

Ante la afirmación de la ministra de que no tiene sentido cargar el mantenimiento de las autovías a los Presupuestos del Estado, los populares exigen que el Gobierno aclare cómo se van a mantener entonces: «¿Van a privatizar las autovías?, ¿qué precios pretende cobrar?».

Las palabras de la ministra son para el PP «un nuevo reconocimiento soterrado» del compromiso que el Gobierno adquirió con Bruselas para que todas las autovías se paguen a partir del 2024 como condición para poder acceder a los fondos europeos dentro Plan de Recuperación. El PP asegura que Bruselas no ha pedido esa medida al Ejecutivo español, sino que ha sido este el que la ha ofrecido para recibir las ayudas europeas.

El PP advierte al Gobierno que, «aunque haga más esfuerzos por ocultarlo que por informar a los ciudadanos, los españoles tienen derecho a saber lo que este Gobierno ha comprometido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para los próximos años». E insiste en que «los españoles deben saber que en el 2024 pagarán peajes en las autovías, que el Gobierno lo ha comprometido con Europa aunque intente esconderlo hasta después de las elecciones generales por ser una medida impopular que tendrá un gran impacto en la España periférica, ya que pagar por kilómetro supondrá incrementar los costes de los productos que se fabrican fuera de los grandes centros de consumo».

Un mecanismo para aplicar con arreglo al principio de que «quien contamina paga»

Los populares filtraron ayer el documento enviado por el Gobierno a la Comisión Europea dentro del apartado titulado Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. En el documento se indica que el objetivo de la medida que se materializará con esa ley es proporcionar un marco normativo para la nueva política de movilidad en España. Se indica que la ley que se promulgue contemplará como mínimo «la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir del 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga».

En el plan enviado a Bruselas se añade que el objetivo de esta medida «es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero».