¿Hasta cuándo se puede llamar para ir a una mesa electoral?

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

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Una mesa electoral durante unas elecciones en Rábade.
Una mesa electoral durante unas elecciones en Rábade. ALBERTO LÓPEZ

Ante la sucesión de renuncias, los ayuntamientos podrán convocar a cualquier ciudadano hasta la propia semana del 23J

01 jul 2023 . Actualizado a las 11:17 h.

Hoy concluye el plazo oficial para ser notificado como miembro de una mesa electoral en los comicios generales del 23 de julio. Pero, en realidad, hasta la misma semana de las elecciones nadie podrá darse todavía por liberado de esta obligación cívica y aportación al sistema democrático en caso de ser requerido para ello.

En primer lugar, aunque la ley de régimen electoral establece tres días de plazo máximo para recibir dicha notificación desde la celebración del pleno municipal de sorteo de los puestos de la mesa (algo que acabó el miércoles), la Junta Electoral Central ha advertido que si dicho aviso «se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación».

La segunda circunstancia que mantendrá viva la posibilidad de ser llamado a una mesa viene favorecida por la creciente necesidad de cubrir las vacantes que están dejando aquellas personas a las que, mayoritariamente por sus vacaciones, se les están aceptando las excusas presentadas para eludir su designación como presidente, vocal o suplente en el colegio electoral. Cada vez que se admite como eximente un viaje contratado, una enfermedad, embarazo, boda, cuidado de mayores y niños o cualquiera de los demás motivos de exclusión, tendrá que producirse una sustitución por otra persona. «Hay mesas imposibles, parecen malditas. Hay bajas desde el primer momento y están resultando difíciles de cubrir y seguro que el proceso va a llegar en alguna de ellas hasta la recta final de la campaña», señalan desde la Junta Electoral de Ferrol.

Las juntas de las principales ciudades gallegas coinciden en anticipar que en diversos concellos sus corporaciones municipales tendrán que volver a celebrar plenos para sortear nuevos apellidos de personas que cubran las bajas dejadas por quienes les ha sido admitida su justificación para no formar parte de la mesa. Allí donde haya una urna sin sus integrantes notificados será necesario celebrar cuantos plenos hagan falta hasta que se complete el proceso. Con ello, las notificaciones de designación podrían seguir llegando hasta la ultima semana de la campaña, como refieren desde las juntas de Ourense, Lugo, Pontevedra y Ferrol.

Esa demora en el proceso hace que también se acorten los plazos para alegar por parte de los nombrados como integrantes para el proceso electoral. Los siete días que la ley marca como ventana para presentar algún tipo de excusa con la que eludir la asistencia a la mesa, se reducirán a tres a partir de la próxima semana, y quedará tan solo en un día de plazo en la recta final, según señalan fuentes consultadas en las juntas gallegas.

«Procuramos que las mesas vayan con un mínimo de cinco o seis miembros ratificados», añaden desde la instancia electoral departamental, al indicar que en los casos más complejos se validarán las mesas en las que el presidente, sus dos vocales y un suplente por cada puesto estén confirmados.

Funcionarios municipales de cada ayuntamiento, o en los de mayor tamaño los de Correos si se opta por sus servicios, son los encargados de notificar en persona y puerta a puerta la designación para formar parte de una mesa. «La gente no está abriendo la puerta», aseguran desde la Junta Electoral de Pontevedra. Señalan que esa actitud se está multiplicando en esta ocasión tanto en la ciudad y como en Marín, para eludir así el obligatorio requerimiento electoral en un domingo de un mes estival. «Notan que hay gente en casa, ruido en el interior, pero no abren», añaden para indicar que en los casos más claros se reclama ya desde el juzgado a la Policía Local para que entregue la misiva. En Narón se está acudiendo a los domicilios a diversas horas para probar suerte, mientras en Ourense advierten problemas por un aluvión de peticiones de exclusión por parte de mayores de 65 años, quienes pueden pedir ser liberados por edad de dicha obligación.