Imputan a la número 3 del PP de Ceuta y consejera de Economía por falsedad documental
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Los delitos se producen por el conocido como caso Emvicesa en el que hay más de 50 investigados por la adjudicación de viviendas de protección oficial de forma ilegal
23 may 2023 . Actualizado a las 21:10 h.El Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha citado este martes en calidad de investigada a la número 3 de la lista del PP ceutí y actual consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, por un delito de falsedad en documento público.
La citación se ha producido después de que a finales del pasado mes la exconsejera de Fomento del Gobierno ceutí y excompañera de Kissy, Susana Román, presentara una denuncia contra Kissy Chandiramani por delitos de falsedad en documento público y estafa en su modalidad procesal, según han informado a EFE fuentes judiciales este martes.
Los delitos se producen por el conocido como caso Emvicesa en el que hay más de 50 investigados por la adjudicación de viviendas de protección oficial de forma ilegal. Susana Román presentó la denuncia al entender que Kissy Chandiramani mintió «cinco veces» en sus declaraciones en la instrucción del caso, las cuales realizó como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa).
Según la denuncia, Chandiramani proporcionó información falsa sobre los miembros de la Comisión Local de la Vivienda entre el 2011 y el 2015, donde se incluyó a Susana Román, quien ha especificado que ella ingresó en la citada comisión en agosto de 2012. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha decidido este martes citar como investigada a Kissy Chandiramani en una comparecencia que tendrá lugar, en principio, el próximo día 15 de junio.
Esta misma tarde, el PSOE de Ceuta, a través de la secretaria general Cristina Pérez, ha solicitado «el cese o la dimisión» de Kissy Chandiramani y ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), que dé explicaciones sobre esta imputación.
«El PSOE se ve en la obligación de exigirle a Vivas y a Chandiramani explicaciones, porque los ciudadanos así lo necesitan y lo reclaman ya que estamos hablando de un caso de corrupción en el que se piden hasta 11 años de cárcel para algunos de los investigados y no debemos olvidarnos que la mayor parte de los investigados, que no son anónimos, son miembros del PP», ha afirmado Cristina Pérez.