El Gobierno evita la huelga de jueces y fiscales subiéndoles el sueldo 450 euros al mes
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Solo la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, se desmarca por ahora del acuerdo, que se firmará el martes
19 may 2023 . Actualizado a las 09:27 h.Finalmente, habrá acuerdo económico con jueces y fiscales, aunque por ahora no lo firmarán todos los que se sentaron este mes de mayo en la mesa de retribuciones para negociar con el Gobierno la actualización de sus salarios. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, mantiene su rechazo, anunciado previamente, a la propuesta de 46,7 millones de euros que plantearon los negociadores de los ministerios de Justicia y de Hacienda. En la práctica, esa oferta supone un aumento de 450 euros al mes en cada nómina de los más de ocho mil jueces y fiscales que ejercen en España. El acuerdo alcanzado ayer supone la desconvocatoria de la huelga que iba a comenzar el próximo lunes, día 22.
El Gobierno llegó a la quinta reunión de la comisión de retribuciones con el único apoyo de dos asociaciones, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ya la semana pasada se mostraron dispuestos a aceptar el acuerdo y que desde el principio se desmarcaron de la amenaza de la huelga. Pero en las últimas horas, los negociadores de Justicia y de Hacienda lograron el respaldo de las otras asociaciones: Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Desde el Ejecutivo recordaron que la propuesta planteada por los ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública supone mejoras retributivas para las carreras judicial y fiscal, además de significar un importante aumento en las plantillas de ambos cuerpos, ya que existe el compromiso de reforzar el servicio público de Justicia con la creación de 200 nuevas plazas de jueces y fiscales que se harán efectivas entre este año y el 2024. Asimismo, se ofrece la habilitación de un nuevo marco de relaciones entre las asociaciones y el Gobierno que se caracterizará por la continuidad y por el diálogo, con la creación de grupos de trabajo permanentes que se reunirán al menos una vez al mes.
Tras los compromisos alcanzados en la reunión de ayer, las partes se han citado nuevamente para la firma oficial del acuerdo el próximo martes, 23 de mayo, a la una de la tarde. El Gobierno mantiene «el deseo» de que la propuesta económica sea suscrita también «por la única asociación que no se ha pronunciado, por el momento, de forma definitiva, en el foro de la comisión de retribuciones», en referencia a la mayoritaria e influyente APM.
El acuerdo será para todos
A la salida de la reunión de este jueves, Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia, destacó el acuerdo alcanzado: «Acabamos de terminar el texto que se va a firmar el próximo martes. Hemos llegado a un acuerdo seis de las siete asociaciones junto con el Gobierno y los demás representantes». Preguntado por si el acuerdo será para todos aunque finalmente no cuente con el apoyo unánime de las asociaciones, Rodríguez explicó que el pacto se elevará al Consejo de Ministros y que, una vez aprobado, afectará a toda la carrera judicial y fiscal.
Por parte de la Unión Progresista de Fiscales, su presidenta, Inés Herreros aseguró que el documento «supondrá mejoras de carácter retributivo», al tiempo que quiso trasladar a los ciudadanos «un mensaje de tranquilidad» al haberse evitado la huelga indefinida de jueces y fiscales. Por su parte, Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales (AF), aseguró que, aunque firmarán el acuerdo alcanzado con el ministerio, este no es el pacto que hubieran deseado.
El portavoz de la APM: «Yo estoy todavía en negociación»
«Yo estoy en negociación todavía; los demás parece que no, que ya han llegado al término de la negociación». Así de claro se expresó ayer el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, después de que el resto de las asociaciones comunicaran su decisión de firmar el acuerdo con los representantes de los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública. «A día de hoy, lo que hay sobre la mesa no satisface a la asociación mayoritaria», aseguró Carbonero para justificar la negativa de su grupo a suscribir el documento presentado por el Ejecutivo a las siete asociaciones de las carreras judicial y fiscal.
Preguntado sobre si la APM hará huelga por su cuenta tras desmarcarse del acuerdo de la mayoría de las asociaciones, Carbonero recordó que su grupo no puso fecha a un nuevo paro tras el aplazamiento del anunciado para el día 16. Prefería ver cómo evolucionaban las negociaciones ante de fijar un día concreta. Y respondió: «Yo no descarto nada». De todas formas, señaló que «hay tiempo de acercar posiciones» hasta el próximo martes, que es el día en que el Gobierno y las asociaciones escenificarán la firma del acuerdo en Madrid.
Sin embargo, pese a que, efectivamente, queda tiempo para un acuerdo de última hora, lo cierto es que parece cada vez más difícil que esta asociación llegue a unirse a las otras seis y firme un pacto en el Ministerio de Justicia. «Hay mucho malestar», reconocen fuentes de esta asociación, que no entienden cómo los negociadores del Gobierno no han modificado en nada la propuesta que ya les hicieron la semana pasada. Desde el primer momento, la Asociación Profesional de la Magistratura mostró su rechazo a la oferta económica de los representantes de los ministerios de Justicia y de Hacienda por considerarla «insuficiente e inasumible». En un documento interno, el grupo mayoritario de la carrera judicial explicó a sus asociados que los 46,7 millones de euros que ofrece el Gobierno «no permiten recuperar siquiera la mitad del poder adquisitivo perdido desde el año 2003 ni el recorte salarial superior al 10 % sufrido en el 2010».
Esperaba una nueva oferta
A pesar de que ahora se ha desmarcado de la decisión tomada por los demás representantes de jueces y fiscales, la APM fue siempre de la mano de las demás asociaciones y suscribía comunicados conjuntos en los que se reconocía que habían encontrado «una actitud negociadora por parte de los ministerios de Justicia y de Hacienda». Pero las cosas han cambiado, sobre todo desde la reunión del 10 de mayo, que fue en la que se acordó la suspensión de la huelga del día 16. Esta asociación no estuvo conforme con lo acordado por las demás, y de hecho fue la última en aceptar una nueva reunión. Desde la potente APM aseguraban que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, había comprometido la presentación de una nueva oferta a cambio de la suspensión del paro.
Pero llegó la nueva reunión y no hubo nueva oferta, lo que creó malestar, plasmado en esta reflexión: «Como dijimos entonces, y ratificamos ahora, esta propuesta nos parece insuficiente e inasumible, y no podemos más que lamentar que no haya cambio alguno en la actitud de los ministerios de Justicia y de Hacienda».
El acuerdo, que se firmará el martes, incluye la creación de 200 plazas en ambas carreras
El documento del Gobierno que el martes firmarán las seis asociaciones que se comprometieron en la reunión de la comisión de retribuciones tiene como base el aumento que actualiza los salarios en las carreras judicial y fiscal. Según ese documento económico, jueces y fiscales tendrán una subida media de entre 440 y 450 euros por nómina que se percibirá de manera gradual. El 40 %, con efectos retroactivos del pasado 1 de enero; el otro 40 %, el 1 de enero del 2024, mientras que el 20 % restante se pagará el 1 de julio del mismo año. Ese aumento se aplicará en las nóminas como un complemento de destino por representación y lo percibirán todos los jueces y fiscales.
Aumento del 7 %
En el documento, el Gobierno explica que la oferta supone un aumento medio del 7 % sobre las retribuciones individuales de jueces y fiscales, lo que se suma al 8 % aprobado en octubre del 2022 en un acuerdo que contempla subidas salariales a desarrollar entre el 2022 y el 2024 para toda la Administración.
Además de los aspectos económicos, el Gobierno reconoce que las nuevas leyes de eficiencia supondrán un ajuste de las cargas de trabajo de jueces y fiscales a través de la organización judicial, por lo que es preciso reforzar a corto plazo las plantillas. De esa forma, el Ejecutivo aprobará la creación de 200 plazas de jueces y fiscales, que se implementarán entre este año y el 2024.