Es la única comunidad donde no se aplicará el nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas, mientras Madrid y Andalucía lo han llevado al Constitucional
10 abr 2023 . Actualizado a las 09:09 h.No es Panamá ni Bahamas, pero va camino de parecérsele. Un paraíso fiscal es un lugar en el que los impuestos son muy bajos o incluso nulos. Y a eso juega el País Vasco, aunque quien lleve la fama es el Madrid de Isabel Díaz Ayuso y la Andalucía de José Luis Moreno Bonilla. El agravante es que los de Iñigo Urkullu cuentan con el «beneplácito» del Gobierno de Pedro Sánchez. El mismo que aprobó a finales del año pasado el nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (IGF). El Ejecutivo manejaba la previsión de que esa tasa gravaría a unos 23.000 contribuyentes, aquellos con un patrimonio neto superior a los tres millones de euros. Sin embargo, la realidad va por un camino distinto a la letra en el Boletín Oficial del Estado.
El espíritu de este nuevo gravamen era neutralizar las bonificaciones autonómicas en Patrimonio y que empezase a liquidarse entre el 1 y el 31 de julio de este año sobre la riqueza declarada en el 2022. Pero no va a ser fácil ni equitativo, precisamente porque el impuesto sobre el patrimonio está en manos de las comunidades. Así, al ser un impuesto cedido, algunas han introducido bonificaciones o tarifas inferiores a la estatal, una especie de dumpin fiscal, o competencia desleal, para ganarse vecinos adinerados. Por lo tanto, el impacto en cada comunidad puede ser diferente. Por ejemplo, los madrileños y los andaluces tienen este impuesto bonificado al cien por cien, aunque ahora las grandes fortunas asentadas en esas comunidades tendrán que pagar la cuota que les corresponda.
Se aplicará un tipo del 1,7% a los que tengan entre tres y cinco millones de euros; del 2,1% hasta 10 millones; y del 3,5 %, a las que sobrepasen este límite.
En el caso de Galicia, la Xunta anunció pasar la bonificación del 25 % del 2022 al 50 % en este ejercicio, para evitar «fugas a Portugal».
El enfado de los Gobiernos de Madrid y Andalucía, ambos del PP, los condujo a recurrir ante el Tribunal Constitucional, que aceptó a trámite sus escritos, pero rechazó suspender cautelarmente el impuesto a las grandes fortunas. A esos recursos se sumó días más tarde la Xunta del también conservador Alfonso Rueda.
El único que se salva de este impuesto, al menos de momento, es el País Vasco, que únicamente seguirá aplicando solo el impuesto de Patrimonio del 2 % en Vizcaya y del 2,5 % en Guipúzcoa y Álava.
La comunidad para ricos
Por consiguiente, pasa a ser la comunidad más atractiva para los más ricos, como recoge el Consejo General de Economistas en el informe «Panorama de la Fiscalidad Foral y Autonómica 2023». Y todo porque ese territorio ha decidido que tiene que aprobar tres normas, una por provincia, para establecer cómo aplicar ese impuesto a las grandes fortunas, y no lo hará hasta final de año. Teniendo en cuenta que según el Gobierno es un impuesto temporal, para dos años, ya se habrán saltado uno. En cualquiera de los casos, el PNV defiende que las tres haciendas vascas tienen autonomía fiscal, pero en los parlamentos provinciales (Juntas Generales), donde se deciden las normas, quienes aportan la mayoría para tomar decisiones son los socios del PSE-EE.
«Vacaciones fiscales»
No es la primera vez que el País Vasco juega a ser un paraíso fiscal. En los años 90 con el lendakari José Antonio Ardanza se instauraron las llamadas «vacaciones fiscales», incentivos para atraer a empresas y que después de 17 años Europa declaró ilegales. Cerca de 300 tuvieron que devolver las ayudas tras el enfado de La Rioja y Cantabria, que sufrieron deslocalizaciones.
El Concierto Económico, un privilegio asentado por ley
El Concierto Económico es una regulación entre el Estado y el País Vasco de las relaciones tributarias y financieras, basado en la disposición adicional primera de la Constitución, que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», y en el Título III del Estatuto de Autonomía, que establece: «Las instituciones competentes de los territorios históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario». En el artículo 41 del Estatuto de Guernica, además, se dispone que el régimen de Concierto se aplicará de acuerdo al «principio constitucional de solidaridad».
En resumen, el Concierto Económico es el Cupo o la cuantía que la Administración vasca ha de pagar cada año a las arcas del Estado por la ejecución de las competencias que ejerce la Administración central en el territorio de Euskadi. O lo que es lo mismo, por las actividades que no están transferidas a la comunidad autónoma.
¿Cuál es su origen?
El origen se sitúa en el siglo XIX cuando las diputaciones se encargaban de efectuar la recaudación de impuestos. Desde entonces, este sistema solo fue interrumpido entre 1936 y 1981 en Vizcaya y Guipúzcoa, debido a que Franco declaró a ambas provincias traidoras, por posicionarse en el lado de la República. Lo recuperaron con la democracia.
¿Cómo funciona?
Cada provincia, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, tiene su autonomía fiscal, su agencia tributaria y establece su sistema impositivo, por eso es distinto en cada territorio.
¿Cómo se fija?
El Cupo se pacta entre el Gobierno vasco y el Ejecutivo central. Se fija cada cinco años y se actualiza anualmente. Ahora es del 6, 24 %, y se calcula en referencia al presupuesto estatal.
¿Cuándo se pactó el último?
El último se pactó en octubre del 2022 para el quinquenio 2022-2026, que fija el cupo líquido provisional del año base en 1.472 millones de euros, una cantidad muy similar a la desembolsada el año pasado. La Comisión Mixta se celebró después de que el PNV decidiera no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Estado tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para renovar la ley quinquenal del Cupo en los mismos términos que los que estaban en vigor y que había firmado Mariano Rajoy.
Fructífera legislatura en transferencias por la debilidad del Gobierno Sánchez
Desde enero del 2020 que comenzó la legislatura con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos en minoría, el País Vasco ha sabido sacar tajada de la necesidad del Ejecutivo de Sánchez de los votos del PNV y de EH Bildu. Fruto de ello son las ocho competencias que desde entonces el Gobierno central ha transferido a la comunidad autónoma gobernada por Iñigo Urkullu (PNV) en alianza con los socialistas vascos.
tres cárceles vascas
El Gobierno «depende» de los independentistas vascos y catalanes». Fue una de las transferencias más polémicas. Ya lo había sido y es el acercamiento de presos de miembros de ETA a las cárceles vascas, pero el hecho de que estas pasen a depender del Gobierno autonómico levanta la sospecha de que se les pueda beneficiar en las prisiones donde cumplen condena. El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, presumió de que «el Gobierno depende de la mayoría independentista vasca y catalana» y para él lo importante es que «ha venido la transferencia» y no que el PNV «se cuelgue la medalla».
Junto a las cárceles de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, se han transferido 600 funcionarios y un centenar de laborales. Esta competencia solo la tenía Cataluña.
Transportes, inmuebles y registro. El Gobierno transfirió al País Vasco competencias en transporte por carretera, un edificio en el Puerto de Ondárroa y la gestión del código bibliográfico ISSN (de autenticidad de publicaciones), pero también nuevos impuestos, como el especial sobre los envases de plástico no reutilizables.
ingreso mínimo vital
Seguro escolar. La Seguridad Social no fue transferida en 30 años. «Será por algo», dijo Sánchez, pero sí la gestión del ingreso mínimo vital. Es de 734,99 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor. También, las prestaciones sanitarias del seguro escolar.
ayudas prejubilación
Farmacéuticas. Las ayudas previas a la jubilación ordinaria a afectados por EREs también es competencia vasca, así como la ejecución de la legislación sobre los productos farmacéuticos.