Todos los partidos, menos Junts, piden que deje el escaño, pero ella se resiste
01 abr 2023 . Actualizado a las 08:32 h.Con la salvedad de que tiene que ser respetuoso con el Estado de derecho, ya que todavía la sentencia que condena a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación a la presidenta de Junts, Laura Borràs, no es firme, el presidente Pedro Sánchez desveló ayer en Pekín que descarta el indulto parcial que para ella sugiere el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que no llegue a entrar en la cárcel. Sánchez argumenta su negativa diciendo que el proceder de la también expresidenta del Parlamento catalán es un caso de «flagrante prevaricación y mal uso de fondos públicos».
No obstante, señaló que aún no es una sentencia firme porque tendrá que elevarse al Tribunal Supremo y se tendrán que pronunciar distintas instancias del Estado de derecho antes de deliberar sobre una petición de indulto en el Consejo de Ministros, por lo que cree que no es el momento todavía de posicionarse sobre un posible perdón parcial, aseguró.
El alto tribunal catalán condenó además a Borràs a pagar una multa de 36.080 euros por fraccionar 18 contratos entre el 2013 y el 2018 para adjudicárselos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió ayer en Santiago que el TSJC es «libre y soberano» para pedir el indulto para Borràs, «un mecanismo legal que se puede realizar cuando [el tribunal] entiende que la pena puede ser no proporcionada a los hechos que está enjuiciando», y decide «establecer un criterio de proporcionalidad».
Se resiste a renunciar al escaño
En el plano judicial, Laura Borràs no se rinde y adelantó que recurrirá ante el Tribunal Supremo y después ante la Justicia europea, porque lo que espera no es un indulto, sino su absolución judicial, señaló. Hasta que la sentencia sea firme, no tendrá que entrar en prisión.
En el plano político, se resiste a aceptar la realidad. Pasó al ataque contra Pere Aragonès y advirtió que no piensa dimitir como presidenta del Parlamento autonómico, donde está suspendida como diputada y como presidenta de la Cámara desde que fue procesada en julio del año pasado, lo que ella interpreta como «atropello democrático».
Sigue presentándose como una víctima de la persecución del Estado contra el independentismo, y acusa a Aragonès de «colaborar con la represión» española. El presidente catalán le pidió que dimitiera de sus cargos porque su caso no tiene nada que ver con el 1-O, sino con la corrupción.
No fue el único que le sugirió que diese un paso a un lado. Tras conocerse el fallo judicial, todas las fuerzas, menos Junts, exigieron la renuncia de Borràs.
«No dimitiré como presidenta», aseguró ella en RAC1. «La presidenta del Parlamento se llama Laura Borràs, no hay otra», aseveró. Es más, pidió a ERC y PSC que si quieren acabar con la interinidad en la institución procedan a restituirla en el cargo. «Deberían hacerlo de forma automática», señaló desafiante. Su argumento es que el fallo judicial no dice que se haya lucrado ni que se haya enriquecido con dinero público.
Dañar a la institución
El líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, advirtió que su partido «no se quedará de brazos cruzados» si no deja el cargo de presidenta suspendida del Parlamento catalán, y la instó a aceptar la «realidad» y «no arrastrar» a la institución parlamentaria.
Vox, Ciudadanos y PP ya han reclamado a la Junta Electoral que le retire el acta. Hay dos antecedentes que no juegan a su favor: el de Quim Torra, que fue desposeído de su escaño sin sentencia firme, y el del diputado de la CUP Pau Juvillà, recuerda Colpisa. El Tribunal Supremo avaló además la decisión del organismo electoral. «Habrá un nuevo atropello de derechos», opinó la juntera echando mano del victimismo.
Borràs no puede ejercer como parlamentaria. Asiste a los plenos desde la tribuna de invitados. Eso sí, sabe que pronto puede ser cesada como parlamentaria y en consecuencia también como presidenta de la Cámara. Su escaño le corresponderá a Toni Castellà, de Demòcrates, los sucesores de Unió.